Martín Aguilar
A dos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya otorgado una suspensión provisional sobre la reforma presentada por el gobierno de Baja California para que el servicio del agua sea trasladado a los municipios, el gobernador Jaime Bonilla Valdez no se ha pronunciado por este revés jurídico a su administración.
La Controversia Constitucional interpuesta por los presidentes municipales de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez; Tecate, Edgar Darío Benítez Ruiz; y Hilda Araceli Brown Figueredo de Playas de Rosarito, llevó a que la SCJN analizará y diera su fallo a favor, frenando otra más de las llamadas leyes Bonilla.
Cabe recordar que la XXIII Legislatura de Baja California, acreditada por el 33 por ciento de sus integrantes, fue la que promovió el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de correo certificado el pasado 31 de julio.
Se interpone acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley que Regula Prestación del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno».
20 días después, los ministros de la SCJN dieron su fallo tras un análisis de la ley promovida por el gobernador de Baja California a través del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Se concede la suspensión solicitada…a efectos de que se interrumpan los plazos y obligaciones previstas en los artículos transitorios del Decreto impugnado y, consecuentemente, el Gobierno del Estado siga prestando el servicio…en tanto se resuelva de fondo del asunto”.
Los alcances de la suspensión otorgada por la SCJN implican que la reforma no aplique en los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, hasta que sea un falló definitivo de la Corte, donde se continúa el análisis de fondo para resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso del Estado.
A pesar de que el gobernador bajacaliforniano Jaime Bonilla Valdez fue enterado de inmediato con el fallo de la Corte, hasta el momento no ha dado un pronunciamiento al respecto, por lo que algunos especialistas en Derecho consideran que el falló definitivo será la suspensión del Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley que Regula la prestación del servicio de agua potable en el estado de Baja California.
