Martín Aguilar
El magistrado José Luis Vargas Valdez pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga en el conflicto que este miércoles estalló en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En un comunicado, Vargas informó que presentará a la SCJN una controversia constitucional con la finalidad de que esta se pronuncie sobre si fue legal o no la sesión de esta tarde con la que un grupo de magistrados lo removió como presidente del TEPJF y nombró a un reemplazo.
Antes, dijo que las acciones de otros cinco magistrados para destituirlo como presidente de la Sala Superior no tienen validez jurídica, al tiempo que llamó a sus pares a evitar lo que describió como una crisis constitucional en medio del proceso para la calificación de las elecciones de este año.
Vargas, quien aún se asume como cabeza del TEPJF, también adelantó que este jueves convocará a una sesión privada para abordar la propuesta planteada este mismo día para que se revise y discuta su desempeño en la presidencia de la Sala Superior. Esta tarde, ese tema fue el punto de quiebre entre los magistrados.
Por la tarde, Felipe de la Mata pidió incluir el asunto en el orden del día, pero Vargas se negó y esto comenzó un debate que terminó con la suspensión de la sesión originalmente citada. Momentos después, otra magistrada, Janine Otálora, se asumió como presidenta debido a una «ausencia injustificada» de Vargas; posteriormente, llamó a otra sesión, en la que ella y otros cuatro magistrados lo removieron como presidente y eligieron en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón.
Más tarde, en un mensaje transmitido en YouTube, Vargas descalificó esas acciones.
«Los albazos no son la forma en como en una democracia constitucional se solventan las diferencias», dijo.
En este marco, Vargas consideró que lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual indicó que seguirá llamando al diálogo, la serenidad y la institucionalidad.
«Magistrados, los conmino a respetar el orden legal, a respetar nuestras instituciones democráticas, a un diálogo franco y abierto, a honrar su compromiso con la Constitución y las leyes que de ella emanan y, sobre todo, a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral», expresó el magistrado.
En esa línea, aseguró que la sesión en la que se aprobó su destitución —mediante una plataforma diversa a la institucional—, en la que él y la magistrada Mónica Soto no participaron, es nula de pleno derecho.
Además, argumentó que la convocatoria de la magistrada Otálora y la actuación como secretario general de acuerdos por parte del abogado Rodrigo Sánchez García, nombrado en dicha sesión, constituyen un ejercicio ilícito de funciones.
El conflicto en el TEPJF se produce mientras el organismo debe resolver impugnaciones a las elecciones federales y locales del pasado domingo 6 de junio.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta y presidente de su Junta de Coordinación Política (Jucopo), pidió al Senado y a la Suprema Corte que intervengan en el conflicto para evitar que ahora se produzca una crisis constitucional.
