Martín Aguilar
El Magistrado José Luis Vargas no sólo se quedó sin la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino que conforme avanzan los días le quitan el control de posiciones clave en ese organismo.
El 4 de agosto, una vez que Vargas ordenó suspender la transmisión de la sesión del pleno en la que sería destituido, la Secretaría General de Acuerdos y la Coordinación de Comunicación Social se mantuvieron a las órdenes del magistrado cuestionado.
Pese a que cinco de los siete jueces pidieron reanudar la sesión, el secretario general de Acuerdos, Carlos Vargas Baca, y sus subalternos, no atendieron el llamado.
Tampoco les fue facilitada la señal de la página del Tribunal Electoral para transmitir la reunión del llamado G5, por lo que lo hicieron desde la dirección de la Escuela Judicial Electoral.
Mientras que Comunicación Social no difundió las actividades de los magistrados inconformes con Vargas por varios días, por lo que ellos lo hicieron desde sus cuentas personales en redes sociales.
Así, estas dos áreas claves para el Tribunal Electoral fueron las primeras en ser sustituidas.
La Secretaría General de Acuerdos, la cual concentra las decisiones jurisdiccionales del Tribunal, recayó en Rodrigo Sánchez Gracia, quien trabajó con el magistrado Reyes Rodríguez en diversas áreas del Tribunal, y hará mancuerna con María Cecilia López Dávila, designada como subsecretaria.
El lunes pasado, una vez que el Magistrado Felipe Fuentes fue electo presidente interino, inmediatamente se destituyó a la coordinadora de Comunicación Social, Xóchitl Pimienta, quien había sido designada por Vargas meses atrás.
En su lugar entró José Luis Alcudia Goya, quien laboró en el INE, en la Cancillería, en Conagua, en la Secretaría de la Función Pública, entre otras dependencias federales en sexenios pasados.
Mientras que el secretario de Administración, Andrés Álvarez, renunció a su encargo hace unos días, por lo que dicha área está acéfala.
Una de las principales quejas de los magistrados contra Vargas era el manejo administrativo del máximo órgano electoral.
La plaza quedó vacía justo en un momento clave: la integración del presupuesto del Tribunal para el 2022, el cual deberá estar listo en las próximas dos semanas.
La secretaría de Administración es la encargada de dar insumos a la Comisión de Administración -integrada por el presidente de la Sala, un Magistrado y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal- para integrar el Presupuesto de Egresos.
