Martín Aguilar
El magistrado electoral José Luis Vargas Valdés presentó un amparo contra la reapertura de la carpeta de investigación en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito.
Esto, luego de que un juez federal del Reclusorio Norte revocó el cierre de la carpeta de investigación y le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar nuevas diligencias.
El recurso fue admitido este 25 de agosto por el Juzgado séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
La indagatoria en contra del magistrado Vargas en la Fiscalía se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la cual, tras un análisis de inteligencia, descubrió en las cuentas del funcionario operaciones por 36.5 millones de pesos que consideró injustificadas, pues exceden por mucho sus ingresos declarados.
El referido monto corresponde principalmente a pagos realizados por el magistrado con una tarjeta American Express a su nombre.
En diciembre del año pasado, Vargas se presentó ante la FGR para tomar conocimiento de la indagatoria abierta en su contra que para ese momento acumulaba ya varios meses. Pero fue hasta enero de este año cuando mandó documentos para intentar justificar dichos gastos.
De acuerdo con fuentes judiciales, lo que Vargas sostuvo es que pudo realizar esos gastos porque el dinero es de su esposa, Mónica Bauer, la cual es directiva de la gigante trasnacional Pepsico y sus ingresos son altos.
Tras el análisis la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) consideró que si bien Vargas tiene operaciones elevadas en el lapso de 2012 a 2016, dicho periodo no es sancionable debido a que él no era funcionario público en ese momento. En tanto, a partir de 2017 cuando ya era funcionario, sus ingresos son consistentes.
En ese contexto la FECC propuso cerrar el caos sin proceder penalmente en contra del presidente del TEPJF. Sin embargo, la UIF en su calidad de víctima y denunciante, presentó un recurso de apelación ante un juez de control en contra de dicha determinación.
Tras una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, el juez responsable consideró procedente posponer el cierre del caso hasta que la Fiscalía desahogue varias diligencias más complementarias, y a partir de ellas tome una determinación sobre la probable responsabilidad o no de Vargas en el delito de enriquecimiento ilícito.
El expresidente del Tribunal Electoral ha sostenido que respetará las decisiones del juez, pese a no compartir la resolución, pues afirmó que su patrimonio está acreditado legalmente.
“Se encuentra plenamente acreditada la licitud de mi patrimonio y la plena correspondencia de mis ingresos y egresos ante sí durante mi ejercicio como servidor público.
Mantengo en todo momento la plena disposición para colaborar con el Ministerio público Federal y aportarle cualquier documento que me requiera referente a la total licitud de mi patrimonio y el de mi familia”, escribió en una carta en julio pasado.
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