Un nuevo escándalo ha surgido, luego que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alquiló mil 692 computadoras, entre enero de 2020 y junio de 2021, por un monto de 167 millones de pesos, equipos que desconoce a quienes se les asignaron, así como la ubicación de los mismos.
Y es que, a través de una auditoría, efectuada a la Subdirección de Planeación e Información, Administración y Finanzas del ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el contrato SPI-INN-11-01/2020-P, con la empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas S.A. de C.V. para el arrendamiento de las computadoras, no se efectuó en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
«No especifica que este acto jurídico se encuentre adherido a un contrato marco, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41, fracción XX de la LAASSP, que refiere la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco».
Tampoco hay evidencia de que el contrato se efectuara a través de una licitación en la que participaran, por lo menos, tres proveedores.
«No consta integrada el Acta de Fallo, correspondiente a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica, No. IA-051GYN905-E133-2020 mediante al cual se adjudicó al proveedor. No consta el Oficio de solicitud de autorización del ISSSTE. No consta el Oficio de la solicitud de autorización presupuestaria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público »
Ante las inconsistencias, la Función Pública solicitó al ISSSTE presentar los documentos que respalden el contrato efectuado, así como el estudio que acredite que el arrendamiento era necesario para el funcionamiento de la dependencia.
«Como resultado de la fiscalización efectuada a los contratos identificados con los números SPI-AD-11-001/2017P-CM-02/2019, SPI-AD-04-01/2020, SPI-INN-11-01/2020-P y SPI-INN-10-01/2020-P se determinó un importe fiscalizado por 244 millones 668 mil 969.60 pesos y un monto por aclarar por 167 millones 631 mil 482.31 pesos».
De acuerdo con el pliego de observaciones que realizó la SFP, otra de las inconsistencias que se detectaron en el contrato SPI-INN-11-01/2020-P, es que el equipo arrendado excede la plantilla de empleados existentes.
«Se debe aclarar por qué se tienen contratados mil 692 equipos de cómputo, siendo que, en el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP), se reportan, en el mes de junio del año en curso, 857 servidores públicos».
Tampoco se cuenta con una póliza de seguros por parte del proveedor que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega. Se determinó que hay dos equipos perdidos y que no hay ningún control sobre la entrada y salida de las computadoras.
«Ninguno de los usuarios a los que les fue asignado un equipo de cómputo cuenta con resguardo personalizado y debidamente firmado, proporcionado por el proveedor y/o la Jefatura de Servicios de Tecnología de la Información».
Otra de las inconsistencias, encontradas por la SFP, es que el Instituto no ha entregado a los empleados candados de resguardo para evitar la pérdida o robo de los equipos, a pesar de que el proveedor se los entregó al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), al momento efectuarse el contrato.
«Así mismo, existe un reporte del seguimiento a la incidencia con número INCO266446, respecto a la solicitud de revisión de los candados de todos los equipos de la Zona Sur, en virtud de que los usuarios manifiestan que se desprenden con facilidad y no cuentan con el PIN de seguridad».
Ante las inconsistencias, la Secretaría de la Función Pública solicitó al ISSSTE que presente la documentación que determine a qué empleados se les ha entregado un equipo de cómputo.
«Proporcione evidencia de los resguardos correspondientes a los equipos de cómputo arrendados, el cual deberá ser asignado a los usuarios del Fovissste, personalizado y debidamente firmado por las personas implicadas».
Como a mediados de junio, se documentó otra auditoría practicada al ISSSTE desde la Secretaría de la Función Pública, donde esta última identificó inconsistencias en la adquisición de equipo e insumos contra la covid-19, por más de mil 700 millones de pesos.
De acuerdo con esa auditoría de la SFP, las irregularidades se detectaron a través de 31 contratos, firmados con distintas empresas, entre los meses de marzo y agosto de 2020.
El informe muestra que el ISSSTE omitió subir los registros de las compras al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios «Compranet».
Desde abril pasado, se documentó las observaciones que el Instituto ha tenido desde gobiernos anteriores, como bajo la gestión de Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE, entre los años de 2006 y 2010, en el sexenio de Felipe Calderón.
A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 100 mil millones de pesos en agravio de la hacienda federal, el extitular del ISSSTE ha sostenido que, en su gestión, no generó «ninguna irregularidad».
Y en lo que va de este sexenio, las auditorías publicadas por la ASF han sido contundentes en cuanto a las irregularidades detectadas en el Instituto. Incluso, se encontró un daño por 184 millones de pesos en la construcción de solo un hospital, en Chihuahua, durante 2020.
