Martín Aguilar
Este domingo, las y los ciudadanos podrán participar en la primera consulta popular de la historia del país y pondrán a prueba un mecanismo novedoso en la democracia mexicana que ha costado 528 millones de pesos, y para cuya instrumentación, en menos de un año, se recorrió un camino de tropiezos y jaloneos entre instituciones como la Presidencia de la República, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el propio árbitro electoral.
El INE, que organiza la recepción de las opiniones y es responsable de la legitimidad del resultado, ha estado en la mira de numerosos ataques y cuestionamientos desde la Presidencia, el partido en el gobierno –Morena–, senadores, diputados, excandidatos a cargos de elección popular y activistas.
En la más reciente andanada de críticas, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, acusaron al INE de no promocionar suficientemente el ejercicio y de entorpecer la instalación de mesas receptoras para “boicotear” la consulta, que requiere de la participación de al menos el 40% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal para que el resultado sea vinculante.
Morena, que se define no como un partido sino como un movimiento social, pondrá a prueba en esta primera consulta, también, su capacidad de convocatoria y movilización política, en lo que se ha interpretado como la antesala del referéndum del próximo año en el que la ciudadanía decidirá si debe continuar el mandato presidencial de López Obrador.
El umbral del 40% del Listado Nominal –equivalente a 37.4 millones de ciudadanos– representa a todas luces un reto, cuando, en la pasada elección del 6 de junio, que ha sido la más grande de la historia, el porcentaje de participación ciudadana fue del 52.6%.
Especialistas en derecho observan que el INE sería el último responsable en una cadena de tropiezos que involucra al Congreso de la Unión –que no dotó de recursos al INE para llevar a cabo el ejercicio, que costará 528 millones de pesos–; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que elaboró una pregunta vaga y cuyo alcance deberá ser interpretado por los propios ministros tras la consulta; y el Ejecutivo federal, que ha insistido en promover la idea de que los ciudadanos están convocados a responder si quieren o no que los expresidentes sean enjuiciados.
En este trabajo, Animal Político presenta las opiniones de integrantes del INE, que abordan los problemas que atravesó la institución pero también el significado histórico de esta primera consulta popular; activistas que voluntariamente han promovido la participación ciudadana y han definido el ejercicio como una oportunidad de conocer la verdad, reparar el daño y establecer garantías de no repetición en casos de violaciones a los derechos humanos; y especialistas en derecho críticos de la consulta y que analizan el rol que jugó la Corte como actor político más que como guardián de la Constitución.
En todos los casos, los sujetos entrevistados coinciden en que, pese a los tropiezos y fallos de la consulta de este domingo, la primera en su tipo, es conveniente acudir a participar a fin de poner a prueba y perfeccionar, en el futuro, un mecanismo democrático que fue demandado durante décadas en México y que permite a la ciudadanía pronunciarse sobre temas de trascendencia nacional, e incluso cuestionar leyes del Congreso o decisiones del gobierno federal.
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