Martín Aguilar
Bajo el argumento de que el Instituto Nacional Electoral actuó de manera arbitraria, pues no aclaró “cómo llegó al monto exorbitante de 10 mil dólares por mención”, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa de 40 millones de pesos y el retiro de un año a spots de radio y televisión que le impuso el INE por la promoción de influencers en plena veda electoral.
La impugnación interpuesta este lunes la promovió Fernando Garay Palomino, representante suplente del PVEM ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien externó los mismos alegatos expuestos en la sesión del 22 de julio al intentar librar al partido de las publicaciones de 104 influencers que pidieron el voto a favor de esta fuerza política un día antes de las elecciones.
El representante del PVEM destaca que el propio expediente del INE aclara que, de los 104 influencers, únicamente tres señalaron haber recibido un pago de 10 mil pesos, por lo que la multa no se basa en pruebas sólidas e insisten en que se trató de espontaneidad y libertad de expresión.
“No existe vinculación real con los influencers que demostraron algún tipo de simpatía o afinidad con alguna propuesta del Partido Verde Ecologista de México y que en su papel de ciudadanos responsables e interesados por el futuro de nuestro país se tomaron la libertad de realizar alguna referencia a este partido político”.
En la queja, el PVEM acusa al Consejo General del INE de actuar con arbitrariedad, pues de acuerdo con sus cuentas, señalan que, si el pago que reconocieron tres influencers habría sido de 10 mil pesos, el monto invertido debió ser de un millón 40 mil pesos y no de un millón de dólares.
Por lo que consideran que la sanción impuesta debió ser de dos millones 80 mil pesos y no de 40 millones de pesos ni mucho menos, de la suspensión de un año de su derecho a acceder a espacios de radio y televisión.
Además, alegan que no se actualiza el elemento de reincidencia, pues el caso de 2015 fue distinto e insisten en que en este caso no existe evidencia alguna que demuestre que el PVEM realizó contratación o pago alguno.
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