SAT pierde 480 mdp por empresas de seguridad privada ilegales: CNSP

Rebeca Marín

Anualmente el fisco deja de percibir hasta 480 millones de pesos por la operación de empresas de seguridad privada clandestinas, la cual no está debidamente registradas y así evitan el pago de prestaciones e impuestos, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Raúl Sapién, presidente del CNSP, explicó que cerca de 60 por ciento de las seis mil empresas de seguridad privada que operan en México son clandestinas, y evitan el pago de hasta 40 millones de pesos al mes a la Hacienda Pública, además de que no están registradas ante la dirección general de seguridad privada, por lo que crecieron 40 por ciento de 2019 a la fecha.

Mencionó que ese dinero alcanzaría para beneficiar hasta 600 mil personas con las becas bienestar, o bien, para financiar una consulta popular como la que se realizó el 1 de agosto.

El directivo mencionó que estas firmas implican un riesgo ya que no capacitan correctamente a sus guardias, lo que propicia que no reaccionen de manera adecuada en momentos críticos.

Tampoco se garantiza un servicio confiable, pues no cumplen con los protocolos como verificar que sus elementos no tengan antecedentes penales.

El modus operandi de estas compañías es llegar a cierta localidad, rentar una oficina, reclutar guardias y prestar el servicio hasta año y medio, luego aplican el efecto cucaracha, pues cierran y migran a otras entidades.

“No pagan prestaciones de carácter social, impuestos, ni al IMSS e Infonavit, es una actividad que genera mucha utilidad ilegal», indicó Sapién.

«Se requiere una Ley General para que exista un registro de carácter único a nivel nacional, para llevar a cabo un censo sobre la prestación de los servicios de seguridad privada y sus equipos”.

Actualmente en el Congreso se define la Ley General que establecerá las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en el territorio nacional.

Está legislación deberá fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar dichos servicios y la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública.