Martín Aguilar
Para el equipo jurídico que defiende al diputado federal morenista Benjamín Saúl Huerta, existen las condiciones suficientes para que el 11 de agosto -si así lo considera la comisión permanente en San Lázaro- se discuta y apruebe el desafuero del legislador, acusado de presunto abuso sexual y violación en contra de un menor originario del estado de Puebla.
Rafael y Wilfrido Castillo representantes legales del morenista, señalaron que si bien, ya hay una ruta jurídica para enfrentar las dos carpetas de investigación que obran en contra de su cliente, hay plena conciencia por parte de Saúl Huerta que este proceso conlleva a su detención y que un juez de control dicte medidas cautelares que impliquen la privación de su libertad.
Mientras esto ocurre, la defensa ya prepara la estrategia para controvertir las acusaciones de la fiscalía capitalina en contra el diputado federal por los delitos de violación equiparada y abuso sexual, ambos agravados.
“El diputado está consciente de la medida cautelar a imponer que es la prisión preventiva oficiosa, sabe que la justicia no viene con un aura, sabe que hay que pagar un precio que es la privación de su libertad, pero estamos convencidos, el equipo jurídico y él, de que tenemos los elementos suficientes para llevarlo a una sentencia absolutoria (ausencia de su responsabilidad)”, explicó el abogado Rafael Castillo.
Los representantes de la firma Castillo & Asociados aseguraron que, pese a las versiones de diferentes actores políticos y medios de comunicación en torno al aplazamiento del desafuero del diputado, existe un distanciamiento del poblano con la bancada en San Lázaro y del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.
De hecho, este último solicitó que la protección que le otorga su cargo le sea retirada para enfrentar a la justicia. “Todo indica que ya está en este debate (del 11 de agosto), se va a aprobar este desafuero, es casi un hecho, en definitiva, se va a votar a favor de su investigación a través de la declaratoria de procedencia”, sostuvo el abogado Rafael Castillo.
Dijo que por el lado de la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco existe una protección o conducta que favorezca a Saúl Huerta la evasión de la justicia a tal grado que ni la defensa, ni el acusado, han tenido contacto con la fiscal Ernestina Godoy y tampoco con la agencia especializada de delitos sexuales que conduce las carpetas de investigación. Incluso acusaron que en diferentes ocasiones no se les ha recibido para conocer mayores detalles de la indagatoria.
“Entonces, con ello, es inminente el ejercicio de la acción penal, que en este caso la fiscalía puede hacerlo por 2 vías; a través de una solicitud de audiencia inicial y a través de esta, el juez citará al diputado o bien una orden de aprehensión.” aseguró.
Los abogados penalistas se dijeron convencidos que, de concretarse el desafuero la próxima semana, el diputado Saúl Huerta no tiene ninguna intención de evadirse de la justicia.
Prueba de ello es que al agente del Ministerio Público se le han otorgado todos los medios de contacto con el fin de estar localizable en el momento que la autoridad lo requiera.
Garantizaron que tampoco hay intención de escapar de la ciudad o del país, ya que, en diversas ocasiones, los elementos de la Policía de Investigación de la FGJ-CDMX se han presentado en los sitios donde se ubica el diputado para comprobar su permanencia.
La defensa del diputado Saúl Huerta consideró que por la magnitud, lo mediático y la presión social del caso, la fiscalía de la Ciudad de México no dará una resolución favorable hacia su cliente y -a su parecer- es indispensable llevar este asunto ante la autoridad judicial.
Ello conlleva a que, de concretarse el desafuero, el diputado sea presentado ante un juez de control de manera inmediata y se le vincule a proceso, al menos por uno de los delitos dentro de la carpeta de investigación.
El abogado Wilfrido Castillo señaló que de este panorama está plenamente consciente el legislador y es parte de la estrategia legal, lo que le permitirá a la defensa recabar mayores datos de prueba para controvertir la indagatoria de la fiscalía.
“La defensa tiene elementos contundentes para lograr demostrar la inocencia, los cuales serán revelados en el momento procesal oportuno, (el diputado) sabe que va a pasar algún tiempo para demostrar esto’, explicó. Sin embargo, la defensa justificó esta posible prisión preventiva del diputado para demostrar que las instituciones son transparentes e imparciales.
Hay que recordar que al diputado se le acusa de presunto abuso de un menor de 15 años. Aunque fue llevado ante un ministerio público, quedó en libertad por el fuero constitucional.
