Martín Aguilar
La Comisión de Marina en el Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen por el que se expide la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, la cual, entre otras cosas, contempla endurecer las penas contra los marinos corruptos y pide castigar con “traición a la patria” a aquellos que sean cómplices de los cárteles del narcotráfico.
La propuesta, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo otorgar tareas y facultades adicionales a la Secretaría de Marina (Semar), especialmente en materia de control de puertos, seguridad y protección marítima.
Tras la votación, el presidente de la comisión, el senador Eruviel Ávila, avisó que añadiría al dictamen la figura jurídica para que los tribunales militares o civiles sancionen de esta forma a los marinos vinculados con el crimen organizado.
“Creo que es importante tomar acciones, serias, contundentes, como lo vienen haciendo las Fuerzas Armadas, y especificarlo en esta nueva ley innovadora”, manifestó el también exgobernador del Estado de México.
En medio de críticas de la sociedad civil por el creciente rol de las Fuerzas Armadas, el senador Ávila aseguró que la Secretaría de Marina (Semar) está dispuesta a castigar con mayor rigor a los elementos que violen la ley.
“Platicaba con altos mandos de la Semar (sobre) la importancia de ser todavía más severos con aquellos miembros de Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, que se comprobara que fueran vinculados o estén relacionados con el narco”, sostuvo el legislador.
Las nuevas facultades de la Marina ocurren pese a las acusaciones que ha recibido la institución por violar los derechos humanos. Apenas la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que integrantes de la Semar desaparecieron a un hombre en Guanajuato en 2018, mientras que en abril pasado un juez procesó a 30 agentes de la Marina relacionados con desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.
A nombre de la Secretaría de Marina, el vicealmirante Benito Galeana argumentó que la legislación propuesta corrige la legislación actual, que consideraba sanciones que no implicaban necesariamente la pérdida del empleo de los marinos acusados.
“Esta falta de contundencia en la facultad sancionadora dio pie, entre otros, a actos de corrupción, siendo evidente la agobiante necesidad de acabar con esta. El combate a la corrupción ez crucial. El servidor público no puede beneficiarse del cargo que ostente”, reconoció.
El vicealmirante también admitió los retos que implica realizar tareas de seguridad público, por lo que exhortó a aprobar la reforma. “Estos años han sido complejos, decenas de compañeros han perdido la vida o han sido lesionados a consecuencia del cumplimiento del deber, actuando leal y patrióticamente: es ofensivo a su memoria el no sancionar a quienes lo merecen, es una afrenta a su sangre derramada”, dijo.
El vicealmirante Galeana detalló que la nueva orden modifica la estructura de la Ley Orgánica de la Armada de México para “hacer más fácil su comprensión y aplicación”.
