Martín Aguilar
Tras once meses de rastreo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con alertas o irregularidades relevantes en contra del ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, que le permitan formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la investigación penal en contra se basa exclusivamente en los dichos de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La UIF confirmó que no ha cerrado la investigación en contra del panista, pero tampoco ha detectado irregularidades que puedan constituir lavado de dinero o algún ilícito que reporte el sistema financiero.
Fue el 22 de septiembre de 2020, exactamente hace 11 meses, cuando Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que Ricardo Anaya era uno de los 70 personajes que investigaba tras la declaración de hechos de Emilio Lozoya, quien nombró uno a uno, a quienes presuntamente se habrían favorecido por sobornos de Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Funcionarios allegados a las investigaciones, señalaron que en la UIF la investigación contra Anaya continúa pero esta unidad no está relacionada con la denuncia y citatorio que recibió el panista para que acuda a una audiencia en donde dicho por él mismo, se le acusa de delitos que suman 30 años de prisión.
Al menos no existen indicios de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito que se hayan podido comprobar desde el sistema financiero pues la UIF no ha recibido reportes del sistema bancario al respecto. Sin embargo, fueron insistentes en que ningún expediente está cerrado y tanto Anaya como los otros 69 implicados continúan bajo rastreo.
A diferencia de Anaya, la UIF sí pudo rastrear movimientos inusuales en el caso del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, a quien le detectó 40 millones de pesos en depósitos irregulares y transferencias irregulares por casi 20 millones de pesos.
La UIF además investigaría el caso de la adquisición y venta de bodegas de Anaya en Querétaro, pero en noviembre de 2018 la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra, con lo que el caso concluyó.
Por lo que, a pesar de que en el sistema financiero no se han podido detectar los supuestos sobornos que Lozoya asegura que Anaya recibió para aprobar la reforma energética del gobierno priista de Peña Nieto, la FGR ha comprado sus dichos para judicializar al ex candidato presidencial, quien anunció su exilio tras acusar una aparente persecución política.
