Rebeca Marín
Organizaciones civiles lamentaron que diputados hayan avalado en comisiones la reducción de lo que se puede deducir en ISR por donar a la sociedad civil, lo que consideraron que es un ataque a la independencia.
«Nos parece una medida desproporcionada, si bien la recaudación es uno de los argumentos que se esgrimen en términos de lo que representará al erario no es significativo y sí lo puede ser a la vida de las organizaciones», indicó Tania Ramírez, directora de la Red en Defensa de la Infancia en México (Redim)
Lamentó que en el proceso legislativo, la mayoría encabezada por Morena no haya escuchado las preocupaciones de la sociedad civil.
«No se podrá argumentar desconocimiento, sino que desoyeron a las organizaciones y resulta grave», dijo.
En tanto, Edith Olivares, secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo que el aval a la reforma al artículo 151 de la Ley de ISR es un riesgo para la subsistencia de miles de organizaciones de la sociedad civil.
«Muchas organizaciones de la sociedad civil vivimos de pequeñas donaciones de particulares, justamente para poder denunciar violaciones de derechos humanos de las autoridades», planteó.
«Nos parece que una medida de este tipo se suma a una constante narrativa desde el Gobierno de la República para denostar el trabajo de las organizaciones civiles, no podemos verlo fuera de este contexto y por eso estamos tan preocupadas».
En tanto, David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones AC, una fundación comunitaria basada en Jalisco con 23 años de experiencia, recordó que actualmente el contribuyente sólo puede deducir el 35 por ciento de sus donaciones.
«El legislador cree que todo lo que se dona es un ingreso que el Gobierno deja de recibir, y no es así, es sólo una parte, el 35 por ciento», dijo.
Por ello, explicó que de los 8 mil millones de pesos que se donan sólo unos 2 mil 400 millones son deducibles, lo que en términos del presupuesto federal es mínimo pero en cambio es fundamental para que organizaciones civiles cubren tareas que el Estado no está cumpliendo.
En Jalisco, por ejemplo, de 4 mil 700 niños que están registrados en albergues, sólo 700 están en instituciones gubernamentales y el resto en instituciones privadas sin fines de lucro.
«Este tipo de organizaciones intermedias, que hacen un trabajo de contribución a la atención social, le estorba (al Gobierno), en esta lógica de que el Gobierno es el único benefactor que puede existir», comentó.
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