Martín Aguilar
En la metrópoli se registran al menos 20 mil 300 denuncias por el despojo de inmuebles y son cinco alcaldías las más afectadas, tal es el caso de Coyoacán, Cuauhtémoc Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, de acuerdo al informe que dio el pasado mes de febrero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, dejó en claro la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, la priísta Silvia Sánchez Barrios.
La integrante de la bancada del Revolucionario Institucional detalló que los hechos se presentan principalmente por la falsificación de documentos de propiedad, así como de grupos que ingresan violentamente a inmuebles, locales, o departamentos que están deshabitados.
Así, en el marco de la sesión ordinaria del pleno del órgano deliberativo de Donceles y Allende, denunció que “hoy autoridades, como delincuentes e integrantes del capital inmobiliario, se han fusionado en uno sólo para apropiarse de casas, departamentos, fincas de forma ilegal, con el uso de la violencia física, armados con pistolas, grupos de choque y cualquier arma punzocortante”.
Precisó que se agrega a ello la impunidad con la que se mueven, “gracias al cobijo que les dan las autoridades encargadas de nuestra seguridad tanto en lo personal como en nuestros bienes”.
En su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local, la congresista del PRI se refirió a los recientes casos de despojo, uno en la calle de Carlos J. Meneses colonia Buenavista en donde habitan 24 familias y otro en el Edificio Zacatecas de la Unidad Habitacional Tlatelolco, en el que los delincuentes se hicieron pasar como cerrajeros y trataron de forzar las cerraduras de más de cuatro departamentos.
Hizo notar que vecinos de las diferentes colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, le han manifestado que grupos ligados a la delincuencia organizada “se meten a negocios y locales que están vacíos para forzar cerraduras y cambiar chapas de la entrada”.
La legisladora del tricolor comentó que consumado el hecho dejan a sus halcones, quienes avisan si el dueño trata de entrar a su propiedad para que de forma inmediata lleguen jóvenes en moto para agredir. Si hay negociación, abundó, les regresan el inmueble salvo un pago de acuerdo al precio que tenga la propiedad.
Sánchez Barrios en declaraciones a los medios de comunicación expuso: “estas acciones de ilegalidad se dan gracias al contubernio entre autoridades como son jueces, ministerios públicos, gente del gobierno capitalino y de la Dirección General Del Registro Público De La Propiedad Y De Comercio”.
Aseveró que funcionarios intercambian información para apropiarse de forma irregular del patrimonio de una persona o familia, incluso saben bien qué inmueble está irregular, si están o no dentro de un programa por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
Hizo notar que hace un año denunció el tema de los desalojos extrajudiciales desde tribuna en donde presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la FGJ a que realicen las acciones necesarias para investigar casos de desalojos extrajudiciales.
“Otro de los grandes problemas de la ciudad es la forma poco eficiente para regularizar un inmueble, o para adquirirlo, además del alto costo y la engorrosa burocracia para comprar una vivienda nueva o construirla”, señaló.
También se refirió al proceso de gentrificación que genera que muchos inmuebles con daños estructurales o con problemas legales, sean blanco de inmobiliarias y constructoras que inician procesos para adueñarse de ellos.
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