Martín Aguilar
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que actualmente se adjetiva y criminaliza a la ciencia y a los científicos, por lo cual se necesita reivindicar la experiencia de organismos constitucionales autónomos tales como el órgano electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En la discusión de este jueves, donde se abordó el acuerdo de insumos para la redistritación electoral, Córdova apuntó que el cálculo se realiza por mandato de la Constitución, junto con información técnica y científica. Estos datos, detalló, permiten garantizar la correcta asignación de los y las ciudadanas a la sección electoral correspondiente.
En este sentido, el titular del INE destacó la labor del INEGI para levantar el Censo General de Población y Vivienda de 2020 e informar los resultados oficiales, así como la importancia de la ciencia y los científicos.
“En tiempos en los que se cuestiona, se adjetiva y hasta se busca criminalizar a la ciencia y a los científicos, es muy importante reivindicar la experiencia profesional y técnica acumulada por organismos constitucionales autónomos, como son el INEGI y el INE, y en el caso de éste, en particular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, experiencia que resulta clave para el desarrollo de insumos y procedimientos que requieren un trabajo multidisciplinario y de una alta especialización”, precisó.
Córdova defendió que el proceso de distritación está avalado por el artículo 53 constitucional, que establece los lineamientos para llevar a cabo la delimitación territorial, y que es una acción que es escrutada y vigilada por los partidos políticos que tienen un asiento en la Comisión Nacional de Vigilancia.
“No hay ni ciencias ocultas ni intencionalidades políticas ni nada oscuro, todo es claro, cierto, transparente, científicamente comprobable y las decisiones se toman a la luz de todos y todas”, aclaró.
“Esto quiere decir que no hay nada extraño en un proceso evidentemente técnico, ordenado por la Constitución, normado por las leyes electorales y los acuerdos aprobados previamente por este Consejo General -todos ellos por cierto válidos y definitivos- y que, además, se ha iniciado y se llevará a cabo siguiendo los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y certeza, como ha ocurrido en las distritaciones anteriores”.
Debido a los procesos de redistritación, en 12 de las 32 entidades del país podrían haber cambios respecto al número de distritos que tenían con base en el Centro General de Población de 2010: Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México.
“Esto no es un procedimiento al azar o de una decisión caprichosa, sino de un procedimiento técnico que, por cierto, habrá de concluir hasta 2022”, abundó el Consejero.
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