Martín Aguilar
En Toluca, nadie está por encima de la Ley, mucho menos, los que ostentan un cargo de elección popular.
Las acciones que derivaron en la detención de un integrante del Cabildo, nos invitan a una reflexión profunda sobre los principios morales, éticos, democráticos de los servidores públicos, que, como representantes de la ciudadanía, deben asumir un mayor compromiso con la Ley que con sus visiones políticas, así lo protestaron al asumir el cargo.
Si bien, por disposición legal, el Cabildo es la máxima autoridad del municipio, esto, bajo ninguna circunstancia, supone que sus integrantes de manera unilateral y caprichosa, puedan generar desorden y violentar las normas.
Si existe inconformidad por los actos administrativos, las y los ediles deben recurrir a las instancias legales para combatirlos, pero nunca transgredir la norma o hacer uso de la fuerza para acreditar sus razones.
Ejercer cargos públicos o administrativos, no exenta a nadie del cumplimiento de las leyes; ni los soldados, ni los diputados, ni los gobernadores, ni los policías; tampoco los regidores pueden violentar la ley y el orden social. Las y los ediles han sido electos para promover el desarrollo, operación y vigilancia de las políticas públicas desde el espacio democrático que constituye el Cabildo, su encomienda democrática no les faculta para destruir o alterar el equipamiento urbano.
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