Rebeca Marín
Cecilia Sánchez, quien fuera candidata a ocupar la Secretaría General Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), impugnó y demandó la nulidad del proceso electoral que dio como ganador al candidato Ricardo Aldana el pasado 1 de febrero.
En una denuncia interpuesta ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el pasado 9 de febrero, la también senadora de Morena afirmó que existen irregularidades que conllevan una duda razonable de la validez de las pasadas elecciones sindicales para elegir la vacante de secretario general de los petroleros.
En el documento se exige que las autoridades reconozcan que el proceso electoral carece de validez, en virtud de que el procedimiento emanó de una designación irregular de la Comisión Nacional Electoral.
«Lo que el STPRM hizo, ignorando el artículo 371 fr. IX-Ter y el vigésimo transitorio del decreto de la reforma del 1 de mayo de 2019 fue erigir de manera unilateral la Comisión Nacional Electoral, en la que el Comité Nacional (entre los que se encontró el tesorero Luis Ricardo Aldana) y los 36 líderes seccionales determinaron que el Consejo Nacional de Vigilancia se constituyera en la Comisión Nacional Electoral, lo cual es contrario a la norma”, describe el documento.
La denuncia también apunta una variedad de irregularidades, como que Luis Ricardo Aldana Prieto está impedido para ser secretario general, ya que desde el 26 de junio de 2017 es empleado de confianza Nivel-Jefe Especialista Técnico.
«De acuerdo con el estatuto ya la Ley Federal del Trabajo (LFT), un trabajador de confianza tiene prohibido desempeñar puestos como funcionario sindical», destaca la denuncia.
Agregó que como trabajador de confianza, Aldana representa los intereses de Pemex y de Carlos Romero Deschamps.
También destacó que hubo irregularidades al publicar la convocatoria para ocupar el cargo, que no se dio a conocer la lista de trabajadores que tienen derecho a voto y que incluso hubo actos de coacción e intimidación.
«Utilizaron las instalaciones sindicales para reuniones orientando el voto y ofrecieron hasta cinco mil pesos por el voto. El día de la elección se obligó a los trabajadores a aumentar en sus centros de trabajo para que sus superiores verificarán su voto», se puede leer en el documento.
Asimismo, se impugnó el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab) por irregularidades el día de la elección y se solicitó que un fiscal informático de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Policía Cibernética de la CDMX auditara el sistema, sin que todavía la STPS atiende la demanda.
