Rebeca Marín
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió la queja solicitada por la senadora panista Xóchitl Gálvez para abrir una investigación relacionada con los vínculos que mantiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el empresario Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta, uno de los más cercanos al Gobierno de la 4T.
La panista mostró recientemente a la Función Pública que investigara si esa relación arrojaba un conflicto de interés, toda vez que José Ramón López Beltrán, primogénito del Mandatario federal, se desempeña como asesor legal de KEI Partners, de la que son propietaria los hijos de Daniel Chávez.
La semana pasada, al dar a conocer la empresa en la que ofrece una asesoría legal como abogado, José Ramón López Beltrán exhibió un nuevo conflicto de interés, adicional al escándalo relacionado con la ‘Casa Gris’ de Houston.
«Me refiero a su escrito de hechos con el número de folio universal 14843/2022, presentado en la Secretaría Técnica de la Oficina del Secretario de la Función Pública en fecha 15 de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se hacen del conocimiento posibles conductas susceptibles de responsabilidad administrativa por parte del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, así como del particular Daniel Chávez Morán derivado de la presunta relación entre el Titular del Poder Ejecutivo Federal, Daniel Chávez Morán, la empresa Grupo Vidanta y las empresas de los hijos de este último con José Ramón López Beltrán», se lee en el oficio que la SFP envió a la legisladora.
«Al respecto, se hace del conocimiento que con motivo de la presentación de su escrito se inició la investigación correspondiente, mismo que fue registrado bajo el expediente DGDI/PR/009/2022, quedando a cargo de la Dirección de Investigaciones D, la tramitación e integración del sumario del mérito por el posible incumplimiento a las obligaciones a que se refiere el ordenamiento legal en materia de Responsabilidades Administrativas.»
La Función Pública hace saber a la senadora que, de ser necesario, si se advierte «la existencia de un hecho que actualice la probable comisión de un delito, se dará vista a la autoridad competente para que ésta actúe en el ámbito de sus atribuciones, ello en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 10, cuarto párrafo, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el artículo 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales».
Con fecha 16 de febrero del año en curso, el oficio está firmado por Lind
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