Por Guillermo Pimentel Balderas
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, corrupción es es la acción y efecto de corromper o corromperse; asi como el deterioro de valores, usos o costumbres. En su concepto, es el abuso de poder o de una posición de confianza para obtener beneficios privados, ya sean económicos o no, en detrimento del interés público o colectivo, involucrando actos deshonestos como el soborno, la malversación o el fraude, que socavan la ética y las instituciones. En una palabra: es un acto ilegal.
José Mario Uribe Alcántara y camarilla, han caido también en falsificación de firmas de los miembros del Comité Directivo Nacional (CDN) y de los secretarios seccionales para llevar a cabo Congresos y Plenos amañados a su conveniencia.
Y, como se ha publicado anteriormente en varios medios informativos, éste sujeto realiza venta de plazas laborales, acoso sexual a compañeras miembros activos del CDN, amenazas de muerte a directivos, y hasta encubrir a familiares, en este caso a su sobrino Alejandro Alcántara Méndez y a Florencia Ramírez Hernández (novia y trabajadora del SAT) en el seno del sindicato, dejando que cobren sus sueldos hasta el mes de diciembre de 2025, a pesar de que están presos por el delito de violación a menor y violencia familiar desde el mes de mayo de 2025, bajo la denuncia ante el Poder Judicial del Estado de México (una copia en poder de este informativo).
Juan Rivera Fuentes, secretario de Finanzas del citado sindicato, fue amenazado de muerte y falsas acusaciones por Uribe Alcántara por lo que presentó una denuncia penal con la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-1/UI-1 S/D/01436/12-2025. (una copia en poder de este informativo).
Ante este panorama de corrupción Rivera Fuentes entregó un escrito al Mtro. Placido Morales Vázquez, Procurador General de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), -una copia en poder de este medio de comunicación-, y en dicho escrito amplia su denuncia también contra Rocío Serratos Montelongo, con cargo sindical de secretaria de Trabajo y Conflictos, por irresponsabilidad, amenazas y humillación a los miembros del Comité, argumentando que ella será la próxima Secretaria General y, por tal motivo, deberán someterse a sus caprichos. Inclusive, boicotea el trabajo de las secretarias de Organización, Acción Femenil, Pensiones y Jubilaciones y la de Prestaciones Económicas.
Asimismo, del documento se desprende la querella en contra del secretario de Actas y Acuerdos, Martín García Sánchez (quien solo asiste 2 o 3 veces por semana a cumplir con sus obligaciones sindicales), pues ha caído en actos de cohecho. Le pagarle a Uribe Alcántara la cantidad de 1, 500.00 pesos por cada falta no justificada de un trabajador; acto de corrupción que el mismo dirigente nacional reconoció públicamente en una junta sindical de Comité.
También, se denuncia a Oscar Alcántara Cortez (también sobrino de Uribe), con cargo sindical de secretario de Honor y Justicia, por no llevar a cabo las funciones correspondientes a su cartera y se dejarse manipular (a conveniencia) por su tío.
El documento fue recibido en la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo con sello oficial y que firma “Laura”, y en ella Rivera Fuentes solicita con respeto al titular una pronta intervención para que se investiguen los actos de corrupción de Uribe Alcántara y camarilla, así como para y terminar con la manipulación del Comité Directivo Nacional para su conveniencia.
De igual forma, solicita la intervención del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, “ya que este tribunal siempre a resuelto de buena fe”. Se anexan al documento de denuncia, copia simple de Acta levantada por amenazas, copia de escrito de rendición de cuentas dirigido a Uribe Alcántara; copia de la denuncia por casos de aviadores y venta de plazas y copia simple del antecedente del estatus del sobrino Alejandro Alcántara y de Florencia Ramírez recluidos en los penales de Cuautitlán y Barrientos, respectivamente.
Uribe Alcántara destituyó en forma ilegal a Juan Rivera Fuentes, por lo que éste publicó un mensaje dirigido a los secretarios seccionales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional (del cual se tiene una copia) para informar que “de una forma arbitraria y violando el Estatuto que rige y da vida a este sindicato y, sin convocar a un Pleno del Comité”, Uribe Alcántara me separó del cargo que me confirió el consenso de los secretarios seccionales de toda la república mexicana, en el Congreso que se llevo a cabo en el mes de diciembrede 2023”.
Denuncias ante FGJCDMX
Por otra parte, en lo individual y una en grupo, los trabajadores Tania del Rosario Sánchez Leija, David Ordoñez, Erika Dávalos, Fernando Torres, Adriana Zapien, Jorge Rodríguez Chavira, Gonzalo López, Giovanna Acosta, Ricardo Ccheux (con su representante legal: licenciado en Derecho Sergio Fabián Fuente García (Numero de Cedula profesional10518922. [email protected]), presentaron denuncias formales, dirigida a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y/o Fiscalía en turno (folio: 028860 con fecha del 09 de septiembre del 2025: denuncia de hechos) en el cual dan cuenta de querellas en contra de Ivette Camacho García, Arian Francisco Cosió López, Oscar Galindo Cando, Dafne Estefanía Gil Calderón, Mónica Bahena Hernández, Luis Raúl Alcalá Pérez, Margarita Junco Arteaga y/o de quien o quienes resulten responsables con respecto a la posible comisión de diversos delitos como la falsificación de firmas en documentos del Sindicato; así como en Congresos y Plenos de por si, amañados .
Se subraya en los escritos de denuncia que, considerando que no es el único documento que se ha falsificado, plasmando las firmas (de los quejosos), sin sus consentimientos, existe el temor fundado que haya más documentación apocrifa a la cual se pretende dar uso para vulnerar la estructura de la organización sindical, por lo que se hace del conocimiento de la autoridad competente que, todo acuerdo emitido que resulte fraudalento de origen, deberá actuarse en consecuencia haciendo del conocimiento al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, órgano jurisdiccional correspondiente .
Todos estos hechos -se establece- fueron narrados a traves de las actuaciones realizadas en el expediente R.S. 9/23 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Con respecto al amparo 809/2025-IX que presentó Ivette Camacho García, ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje le negó a Ivette Camacho García lo solicitado pues se destaca en el escrito que, “dicho documento donde aparecen grafos simulados con firmas de los quejosos, resulta falso tanto en su contenido, su uso, su pretención, así como en las supuestas firmas, además que nunca se celebró tal asamblea siendo falso el documento del dos de octubre del 2024 puesto que todas las rubricas plasmadas en ese documento son falsas”. ¿Por fin se investigará?
Discussion about this post