Martín Aguilar
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se convirtió en el primer mandatario de oposición que deberá ser sancionado tras confirmarse que usó indebidamente recursos públicos desde su cargo para emitir promoción negativa en contra del proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador e intentar desincentivar la participación ciudadana.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, en definitiva, la sentencia de la Sala Regional Especializada con la que determinó que el gobernador priista incurrió en promoción indebida de la revocación de mandato, pues la ley le prohibía involucrarse en el proceso, pero, además, es el primer funcionario del Ejecutivo al que se le atribuye que esa promoción fue en sentido negativo para afectar el proceso.
El gobernador presentó una impugnación a la sentencia inicial, pero con un proyecto del magistrado José Luis Vargas, la Sala Superior confirmó que el Órgano Interno de Control del Gobierno de Coahuila y el Congreso local deben sancionarlo.
El magistrado Vargas explicó que Riquelme emitió “expresiones para desincentivar la participación” y recordó que, textualmente, el priista pidió no participar «en la farsa que se pretende montar el 10 de abril; no seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal”, pasando por alto la prohibición legal de que como servidor público se involucrara en el proceso.
“Siento que así como fuimos estrictos con aquellos actos vinculados con la promoción indebida de quienes promovieron la consulta y el proceso de revocación, me parece que tenemos que aplicar el mismo criterio y juzgar con la misma vara, de lo contrario, estaríamos incentivando a que se haga un trato diferenciado tratándose de funcionario público en día hábil”, agregó Vargas.
El magistrado Felipe Fuentes votó en contra junto con la magistrada Mónica Soto pues consideraron que no existió uso indebido de recursos públicos, pues no basta la mera participación y figura del gobernador, sino que se debió acreditar que existieron recursos públicos materiales, además de que no se deben cortar sus derechos como militante de un partido.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón también señaló que no acompañaría el proyecto de Vargas en el sentido de aceptar la impugnación del PRI, pues no tiene legitimación para controvertir los hechos atribuidos al gobernador, en lo que el ponente estuvo de acuerdo ante la mayoría en contra de ese punto y aceptó ajustar el proyecto, analizando únicamente los alegatos de Riquelme.
Finalmente, el proyecto se aprobó por mayoría de votos y el Congreso local deberá sancionar a Miguel Riquelme, como el primer mandatario en haber cometido un ilícito electoral en proceso de revocación de mandato, en sentido negativo.
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