Martín Aguilar
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el dirigente del PAN, Marko Cortés, hizo una promoción negativa de la consulta de revocación de mandato, y se le impuso una multa de 24 mil pesos.
En cambio sancionó a Morena y a su dirigente, Mario Delgado por mal uso de la pauta, en mensajes que solicitó votar en favor del Presidente López Obrador en la consulta de revocación de mandato, y por ello le impuso al partido una multa de 144 mil 330 pesos y al dirigente, por 57 mil 732 pesos.
En cuanto a la queja de Morena contra Cortés, los magistrados estuvieron a favor de declarar la existencia de la infracción, aunque el magistrado Luis Espíndola hizo notar que la multa era muy baja, respecto a los ingresos del partido.
«La consulta propone declarar la existencia de la infracción consistente en la vulneración a las reglas de difusión y promoción del proceso de revocación de mandato respecto de las expresiones efectuadas el 4 y el 20 de febrero, así como la emisión de un comunicado de prensa».
Lo anterior – se añade en el resolutivo aprobado esta tarde en sesión pública de esta Sala Especializada – «ya que del análisis de las declaraciones efectuadas se advirtió que estas constituyen un posicionamiento partidista a no participar en el proceso de revocación de mandato y que fueron efectuadas por Marko Cortés en su calidad de dirigente partidista».
Además, por las fechas en que fueron hechas las declaraciones, los magistrados señalaron que esos pronunciamientos estaban prohibidos.
Por lo anterior, «en el proyecto se propone tener como actualizada la infracción atribuible a Marko Cortés y al Partido Acción Nacional y, en consecuencia, imponerles una multa en los términos que se señalan en el proyecto».
En cambio, no se acreditó la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, el uso de recursos públicos, así como la falta al deber de cuidado.
Igualmente, la Sala Especializada resolvió que el grupo parlamentario de Morena, en el Senado, incurrió en propaganda gubernamental en periodo prohibido, violación a la imparcialidad y uso de recursos públicos, por divulgar un comunicado en favor del presidente López Obrador, durante el mismo proceso de revocación de mandato.
Por esta causa se atribuye exclusivamente la responsabilidad al vocero del grupo parlamentario.
En otro expediente, se acreditó también propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos contra diputados de Morena, por promoción de logros gubernamentales, por lo que se dio vista a la contraloría interna de la Cámara de Diputados. En este caso, no se acreditó promoción personalizada ni se atribuyó responsabilidad al partido político referido.
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