Rebeca Marín
Coparmex y barras de abogados de todo el país solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que sea declarado inconstitucional el acuerdo presidencial que considera de interés público y seguridad nacional a los proyectos y obras a cargo del gobierno.
Al presentar un ‘Amicus Curiae’ frente al máximo tribunal del país, José Mario de la Garza, consejero delegado para Litigio Estratégico de la Coparmex, advirtió que este decreto, que permite la realización de mega proyectos, facilitando los permisos sin cumplir el régimen en materia de autorizaciones, contrataciones y licitaciones públicas, incurre en violaciones legales y de principios consagrados en la Carta Magna.
Explicó que el documento presentado ante la corte, aporta diversos elementos que pueden abonar al recurso interpuesto por el INAI en 2021 en contra del llamado ‘decretazo’.
‘Son distintas irregularidades, yo diría que en un principio y uno de los más importantes es la violación a la división de poderes’, afirmó. Destacó que no existe motivo alguno para exentar la obtención de dictámenes, permisos y licencias a ningún tipo de obra o proyectos, así sea de manera provisional, puesto que ello implica eliminar mecanismos diseñados para la protección de determinados bienes jurídicos.
‘El interés principal del gobierno es acelerar las obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren del Istmo, pero consideramos que no se debe hacer con irregularidad constitucional’, agregó.
Los colegios de abogados y el sector empresarial expusieron la importancia de un análisis completo del caso e hicieron un llamado a la SCJN para que escuche la voz de los ciudadanos y declare inconstitucional el acuerdo impugnado.
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