Martín Aguilar
Hasta el pasado 4 de noviembre suman 25 mil 809 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México; 7 mil 111 se encuentran sin sentencia, es decir, 27.5% de ellas están en posibilidad de ejercer su derecho al voto, aseguró la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Lo anterior se establece de acuerdo con lo establecido por la sentencia SUP-JDC-352 y 353, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Foro de Derechos Políticos Electorales y de Participación de las Personas en Prisión Preventiva en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México representa el compromiso de distintas instituciones y organizaciones que sienta las bases para el trabajo de incidencia en el derecho al voto de este grupo de población.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Nashieli Ramírez Hernández, dijo durante la inauguración del foro que se encuentra próxima la firma de un convenio entre las y los participantes.
Enfatizó que no se trata de una agenda declarativa, sino de compromisos concretos de instituciones y organizaciones que permitan sentar una ruta del trabajo, ya que a través del voto se puede influir en la toma de decisiones e impulsar cambios en las políticas penitenciarias que impactan sobre sus condiciones de vida en prisión.
Ramírez Hernández consideró que promover, garantizar y respetar el derecho al voto de las personas permite avanzar en la deconstrucción de estigmas alrededor de las personas privadas de la libertad, pero también permite a su vez garantizar otros derechos humanos como el de la reinserción social.
En tanto, la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Martha Alejandra Chávez Camarena, aseveró que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil deben llevar a cabo acciones y compromisos que sirvan para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales y de participación de las personas en prisión preventiva.
La presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, señaló que las instituciones deben asumir su responsabilidad para operativizar lo estipulado en la sentencia que establece la garantía de este derecho. Apuntó que el sistema de voto por internet para las personas privadas de su libertad sería el más idóneo para ejercerlo.
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