Rebeca Marín
Representantes de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos expresaron su solidaridad a los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador asegurarse de que cualquier proceso en su contra esté sujeto al derecho internacional de los derechos humanos.
“Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros colegas científicos mexicanos están siendo objeto de hostigamiento e intimidación”, señalaron Carlos del Río, John Hildebrand y James M. Tien, secretarios internacionales de las Academias de Medicina, Ciencia e Ingeniería, respectivamente, en una carta dirigida al mandatario mexicano.
De acuerdo con los académicos, los más preocupante del caso es este “pueda tener un efecto paralizador en la comunidad científica mexicana en general, así como posibles implicaciones negativas para la colaboración científica internacional”, por lo que urgieron la intervención del presidente.
“Lo instamos respetuosamente a que utilice sus buenos oficios para asegurarse de que cualquier acción de investigación adicional en relación con las supuestas actividades de estas personas esté de acuerdo con los compromisos de México en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
La carta se hace pública luego de que al menos 3 de los 31 científicos confirmaron que pesan sobre sus hombros acusaciones de presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, cargos por los que buscan darles prisión de hasta 40 años.
Al respecto, los académicos estadounidenses aseguraron que “los repetidos intentos de arrestar y detener a estas personas sin pruebas parecen incompatibles con la obligación internacional vinculante de México de defender el derecho al debido proceso”.
De acuerdo con las Academias, este derecho está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte.
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