Rebeca Marín
El Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL) –instancia responsable de coordinar la aplicación del nuevo sistema de justicia en la materia– acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga de cinco meses para la entrada en operación de la tercera y última etapa de la reforma laboral, que entraría en vigor el próximo 1 de mayo en 11 estados restantes del país.
Lo anterior, debido a que «diversas autoridades locales expresaron preocupación» por la fecha establecida para el arranque de esta última fase, ya que «sus calendarios presupuestales y de obra les impedía reunir las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de sus nuevas instituciones locales, solicitando en consecuencia se estableciera una prórroga».
Así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un comunicado, quien subrayó que la solicitud de prórroga «requiere de una reforma legislativa», toda vez que el artículo quinto transitorio del Decreto publicado el 1 de mayo de 2019, señala que los centros de conciliación y los tribunales laborales locales deberán iniciar actividades de manera simultánea en un plazo que vence el 1 de mayo de 2022.
Por ello, en su primera reunión ordinaria del año, los integrantes del CCISJL acordaron, de manera unánime, solicitar la prórroga para que la fecha del inicio de actividades de las autoridades locales se establezca al 3 de octubre de 2022. Los estados que conforman la tercera etapa del nuevo modelo laboral son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Hasta el momento la reforma laboral opera en 21 estados del país; la segunda etapa entró en operaciones en noviembre de 2021.
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