*Construidas en zonas rurales o ejidales
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la secretaria de Educación Pública (SEP), y con la participación de la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), encabezaron la firma de un convenio de colaboración mediante el cual se regularizará la tenencia de la tierra y se brindará certeza jurídica a los planteles públicos de los tres tipos educativos construidos en zonas rurales o ejidales.
Este trabajo conjunto también tiene como propósito garantizar que las escuelas cuenten con condiciones legales que permitan fortalecer su planeación, mantenimiento y ampliación de infraestructura ya que, la falta de regularización de los terrenos puede generar obstáculos para la inversión pública y poner en riesgo el patrimonio educativo.
Por ello, el convenio establece una ruta de trabajo coordinada para otorgar seguridad jurídica a las escuelas públicas, fortalecer el derecho a la educación y brindar mayor certidumbre a las comunidades escolares, asegurando que los espacios educativos cuenten con bases legales sólidas para continuar cumpliendo su misión formativa.
En la ceremonia que, se realizó en el “Salón José Vasconcelos” de la SEP, el titular de la PA, Víctor Suárez Carrera, puso a disposición la capacidad operativa de la institución, integrada por alrededor de 800 organizadores agrarios y 250 abogados agrarios, con presencia permanente en los 32 mil 500 ejidos y comunidades del país, a través de más de mil 100 Centros de Atención Agraria.
Aseguró que, con la experiencia acumulada durante más de tres décadas, este personal contribuirá al cumplimiento del objetivo del convenio: avanzar en la regularización y el otorgamiento de certeza jurídica a los inmuebles educativos ubicados en propiedad social.
Afirmó que lo harán con entusiasmo, porque al brindar certeza jurídica también se estará creando mejores condiciones para que las comunidades rurales accedan a servicios educativos de mayor calidad
En tanto, la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la firma de este convenio representa un paso importante para atender la situación patrimonial de los planteles educativos públicos establecidos en tierras de propiedad social y, con ello, preservar la riqueza cultural y social vinculada al sector educativo.
Expuso que desde la Sedatu se entiende que las políticas públicas se materializan en el territorio, donde convergen la educación, la vivienda, la infraestructura y el desarrollo agrario. Por eso, ordenar jurídicamente estos inmuebles también contribuye a una mejor planeación territorial y a una actuación pública más responsable, resaltó.
No cabe duda que esta acción marca el inicio de una colaboración más estructural entre el sector agrario y el sector educativo. Además, es de confirmar que, el Convenio Marco suscrito establece una ruta de coordinación para regularizar la situación jurídica de los planteles educativos ubicados en ejidos y comunidades, garantizando el derecho a la educación con pleno respeto a la Ley Agraria y a los derechos de la propiedad social.
Discussion about this post