Martín Aguilar
Los coordinadores parlamentarios de la coalición legislativa de Va por México, adelantaron que en conjunto impugnarán el “decretazo presidencial”, por el que se determina que las obras de infraestructura de este gobierno serán consideradas de seguridad nacional.
“Estamos evaluando no solamente denunciar, sino literalmente usar nuestro poder político y jurídico para que la Suprema Corte determine la inconstitucionalidad de este decreto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, interpondremos una acción de inconstitucionalidad, esa es la vía que vemos más viable”, declaró el coordinador panista, Jorge Romero.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, desestimó los argumentos del ejecutivo de que el decreto se da para impedir que sus adversarios quieren frenar las obras insignias de su gobierno.
“No vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdo, es decir, no vemos que haya nada por lo cual se tengan que tomar estas determinaciones, más allá de la constitucionalidad o no. Es decir, no hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son, y porque no hay un clima en el país que manifieste que se le quieran oponer a las mismas”, detalló.
En tanto, Luis Espinosa Cházaro del PRD, advirtió que la transparencia no puede burlarse argumentando que son asuntos de seguridad nacional “porque a todas luces no lo son”.
“Es preocupante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre, estas obras requieren del escrutinio público, porque pueden o no ser benéficas, pero la transparencia de los recursos, la asignación de las licitaciones, y la utilización de los recursos públicos no pueden burlarse, no estamos de acuerdo en esta forma de blindar las obras insignia del gobierno federal”, aseveró.
Romero Herrera agregó que el decreto “demuestra una vez más el talante autoritario del presidente de este país”.
“Otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral, determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales y flagrantemente ilegales. Esto es algo inaudito, es increíble, es un atentado a la garantía que tenemos a la transparencia”, advirtió.
La Acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar la posible violación a las normas de las Carta Magna. Para ser promovida desde la Cámara de Diputados Federal se requiere el aval de al menos el 33 % de los 500 integrantes.
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