Martín Aguilar
Durante este sexenio se han cerrado cinco penales federales a pesar de que prácticamente la mitad de los centros penitenciarios del país tienen sobrepoblación penitenciaria. Entre los centros penitenciarios clausurados se encuentran tres de los más importantes del país: Puente Grande, en Jalisco; Topo Chico, en Nuevo León, y la colonia penal de Islas Marías, destacó el estudio de Causa en Común, “A 4 años de gobierno, militarización y abandono de la seguridad.
Este último era el penal federal mejor evaluado, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El número de mexicanos en la cárcel pasó de 197 mil en diciembre de 2018 a 229 mil en agosto de 2022, 40% de ellos sin sentencia, con una tendencia en ascenso debido a la política de incrementar los delitos con prisión preventiva automática.
En síntesis, en este sexenio no hay un combate al crimen ni avance alguno para reducir la impunidad. Y resaltó que la única manera de presumir logros en seguridad es mintiendo. Van algunas verdades.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública está colapsado y su ley es incumplida permanentemente, pues no promueve el desarrollo policial, ministerial y del sistema penitenciario:
Los presupuestos disminuyen o desaparecen: el fondo federal para apoyar la seguridad en los estados se encuentra estancado y el fondo federal para apoyar los municipios desapareció.
Resaltó que mientras tanto, asesinan a más de 1 policía cada día en promedio.
No hay ningún esfuerzo para desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías.
La Fiscalía General de la República (FGR), que debería ser ejemplo, está subordinada sin disimulo al presidente, y su desempeño es lamentable en términos de eficiencia y eficacia.
Se siguen acumulando carpetas de investigación: según el INEGI, la FGR acumula más de 50,000 averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes de concluir.
La militarización de la seguridad pública y de otras funciones civiles avanza sin pausa y sin resultados.
No existe ninguna voluntad por desarrollar capacidades policiales y ello se refleja, entre otros indicadores, en que, de los más de 100 mil elementos de la Guardia Nacional, 7 de cada 10 no cuentan con el Certificado Único Policial, que acredita contar con las aptitudes para desempeñar esa función.
El documento destaca que lo que va del sexenio, considerando el presupuesto ya aprobado para 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado sus recursos nominales en 53%, la Secretaría de Marina en casi 18% y la Guardia Nacional en más de un 33%.
A estos recursos se suman todo tipo de donaciones, ingresos extrapresupuestales y negocios, al tiempo que se reduce el presupuesto para prácticamente todas las responsabilidades de gobierno.
El gobierno impulsó una Ley de Amnistía que sólo ha beneficiado a 190 personas.
Como parte de la propaganda oficial, ahora se afirma que se liberará a más reos, sin claridad en criterios ni procedimientos, mientras se encarcela de manera arbitraria, ampliando los delitos por los que se puede enviar a prisión a una persona sin un juicio previo.
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