Martín Aguilar
Periodistas de Morelos propusieron crear el Registro Nacional de Agresores de Periodistas y fortalecer a los mecanismos estatales, para crear una red de albergues para reporteros en riesgo que puedan ser extraídos de sus estados cuando esté en riesgo su vida y de su familia.
«Prever en la ley sanciones administrativas y penales, vinculantes, en contra de los públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión que inhiba la practica periodística o libertad de expresión con el fin de remontar los altos índices de impunidad en los casos de periodistas víctimas, incluso sería factible crear un registro nacional de agresores de periodistas», comentó Maciel Calvo Elmer, periodista de La Unión de Morelos.
Entre las propuestas presentadas por un grupo de reporteros se establece que se deben crear una red de albergues estatales, para poder extraer a las periodistas en riesgo y fortalecer la estructura de los mecanismos en los estados ante la indiferencia de la federación.
«También pedimos crear en la ley uno o varios albergues dignos para periodistas en los que se pueda dar resguardo a las o los colegas, en sus familias, en los casos que se requiere que sean extraídos de sus Estados al estar en riesgo su integridad física, porque hemos visto que muchos compañeros cuando tienen una emergencia y necesitan ser extraídos, ni el Gobierno Federal, ni el mecanismo federal han atendido sus propuestas», agregó.
Por último, exigieron que los estados sean considerados para intervenir en la asignación de medidas cautelares y protección a los periodistas, porque se ha ejecutado desde una visión centralista que no ha funcionado para las víctimas.
«Queremos que se tomen en cuenta desde los estados lo que está pasando, que se ha centrado la información, los periodistas en los estados están siendo relegados y son los que están poniendo los muertos», añadió
En la propuesta de los comunicadores de Morelos, se establece que entre las sanciones a los agresores de periodistas se contemple la inhabilitación para ocupar un cargo público, porque atentar contra la libertad de expresión es dañar la frágil democracia de este país.
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