Rebeca Marín
Hace poco más de un año, la Fiscalía General de la República (FGR) no solo exculpó a Rafael Caraveo Opengo por recibir sobornos millonarios como parte del caso Odebrecht, sino que lo hizo testigo de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Hoy, el Ministerio Público de la Federación lo investiga por otro caso en el que es acusado de delincuencia organizada, luego de que le fueran descubiertos ingresos «inusuales» por 18 millones de pesos.
Esta indagatoria deriva de un par de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Caraveo Opengo, quien saltó al ojo público tras ser exhibido en un video recibiendo bolsas de dinero provenientes de los sobornos que, de acuerdo con Emilio Lozoya, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a varios legisladores para que se aprobara la reforma energética.
A partir de esas denuncias, la FGR dio inicio a la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000440/2021, la cual fue radicada en su Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
Dicha indagatoria se da «por hechos posiblemente constitutivos del delito de delincuencia organizada, con fines de operar recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual depende inaudiblemente (sic) de la existencia de una organización de hecho de tres o más personas, que reiteradamente operen recursos provenientes de actividades ilícitas previas, en lapsos de tiempo determinados», según consta en el oficio UEIORPIFAM-EIL-E3-C1-290/2021, signado por David Luz Macgluf, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-1 de dicha Unidad de la FEMDO.
De acuerdo con la investigación de la UIF, de 2014 a 2017, periodo en el que fue Secretario Técnico del Senado y colaborador del legislador panista Jorge Luis Lavalle Maury, Rafael Caraveo tuvo ingresos de 24 millones de pesos, aunque solo 6 millones 200 mil correspondieron a su salario como servidor público.
Al rastrear los recursos restantes a su salario, la UIF descubrió que 12 empresas y asociaciones públicas y privadas y varios con sede en Campeche, donde es originario, reportaron transferencias y depósitos a Caraveo Opengo por un total superior a los 15 millones de pesos por conceptos de salarios y servicios profesionales prestados a la par que laboraba en el Senado.
La UIF concluyó que resultaba irregular que una persona que se desempeña como servidor público en el Senado, en Ciudad de México, «materialmente» realice funciones y preste servicios profesionales en otra decena de empresas y asociaciones en otro estado, «y que por dichos empleos o prestación de servicios profesionales obtenga remuneraciones casi tres veces mayores a las obtenidas por su cargo público”.
En sus declaraciones ministeriales como parte del caso Odebrecht, Caraveo Opengo reconoció haber participado en al menos ocho entregas de sobornos, entre enero y agosto de 2014, las cuales sumaron un total de 97 millones 190 mil pesos. A
pesar de esta confesión y del video en el que aparece recibiendo fajos de dinero, el Ministerio Público de la Federación dijo que Rafael Caraveo, contador público por la Universidad Autónoma de Campeche y con un posgrado en fraude fiscal y prevención de blanqueo de capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha, “pudo haber sido engañado”, pues no conocía el origen ni destino de esos recursos.
En su defensa, Rafael Caraveo incluso hizo referencia a sus orígenes, al asegurar que, por “costumbres” de su tierra natal Campeche, “somos gente muy confiados”, por lo que nunca sospechó por recibir millones de pesos en efectivo en bolsas de plástico.
Lo cierto es que Caraveo Opengo ha recibido beneficios por parte de la Fiscalía General de la República, pues a cambio de no ser procesado por los sobornos recibidos, registrados en vídeos públicos, se convirtió en el único testigo en el proceso contra el senador Jorge Luis Lavalle, quien fuera su jefe en el Senado, y que, hasta el momento, ha sido el único señalado por Emilio Lozoya en esta trama de corrupción que ha sido llevado ante un juez.
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