Martín Aguilar
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que habrá “total apertura” para el Comité de la ONU contra la desaparición forzada (CED, por sus siglas en inglés), que visitará México del 15 al 27 de noviembre.
En un hilo de Twitter, el funcionario señaló que la visita se realizará en concordancia “con una apertura al escrutinio internacional” por parte del gobierno federal.
Recordó que en 2019, el gobierno realizó una invitación al CED para que visitara México y que en 2020 se reconoció formalmente la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales.
“Esta es una demanda histórica y legítima de las familias. Habrá total apertura”, prometió Encinas.
En la visita participará una delegación del Comité integrada por cuatro personas expertas y por representantes de la secretaría del mismo.
Durante su visita, el CED se entrevistará con las autoridades mexicanas a cargo del tema, así como con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y otros actores relevantes.
“Con el fin de cubrir el máximo de lugares, instituciones y actores en el tiempo limitado de la visita, la Delegación se dividirá en equipos”, indicó el Comité en un comunicado.
Los encuentros se van a llevar a cabo en la Ciudad de México y en algunos estados de la República.
Esta será la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada desde su creación, y la cuarta que México recibe de un órgano de tratado de la ONU.
El gobierno de México reconoció en agosto pasado que “prevalecen desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y que es fundamental reforzar las políticas y estrategias para abordarlos de manera integral y con la cooperación internacional del sistema multilateral”.
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“El Estado mexicano y el Comité desarrollarán juntos un programa de trabajo que permita a los expertos contar con información de primera mano de las autoridades federales y locales, colectivos de víctimas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores”, adelantó el gobierno.
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