Rebeca Marín
La transición hacia la implementación de la reforma de la Ley de outsourcing ha creado falta de coordinación de autoridades e indefinición de criterios sobre cuáles servicios deben registrarse como especializados, lo que ha dejado en la incertidumbre a más de 3 millones de trabajadores, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Por ello, la cúpula patronal del país pidió que se homologue la entrada en operación al primero de enero de 2022 para junto con el sector público poder cumplir en forma con los cambios.
“Hacemos un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma sean ajustados, evitando así que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión, ya que ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, señaló.
El 23 de julio es la fecha límite para que las empresas transfieran a su nómina, bajo la figura de sustitución patronal, a aquellos trabajadores que se encuentren bajo el esquema de outsourcing o insourcing, sin la necesidad de que ello implique la transmisión de activos a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, y según la Coparmex 3.1 millones de trabajadores están en la incertidumbre sobre su posición.
El proceso de regularización de las empresas ha sido complejo ante los plazos tan reducidos otorgados al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno, a las que se les dio como concesión un plazo al primero de enero de 2022, detalló la Coparmex en un documento.
Ante esas circunstancias, el Poder Judicial ha concedido suspensiones provisionales a las empresas que han interpuesto una demanda de amparo, por lo que la autoridad judicial ha considerado la disposición transitoria como violatoria a los artículos 1° y 4° constitucionales, pues implica que para unos entre en vigor en un momento y, para otros, en otra fecha.
“Hacemos un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 01 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y/o contratos de servicios especializados con sus proveedores y así cumplir cabalmente con la normatividad vigente”, expuso.
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