Martín Aguilar
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), anticipó que el organismo se defenderá jurídicamente ante la reducción de 4 mil 913 millones de pesos para 2022.
El funcionario dijo que este es el tercer ajuste consecutivo al gasto del Instituto “sin presentar evidencia técnica o financiera”, por lo que adelantó que el Consejo General tomará las decisiones institucionales que correspondan.
En un video que compartió en Twitter, Córdova Vianello reaccionó a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, concretado la madrugada de este domingo por la Cámara de Diputados, donde se confirmó la reducción de casi 5 mil millones de pesos al gasto solicitado por el INE para el próximo año.
En 2019, la Cámara recortó al INE 950 millones de pesos; en el 2020, 1,071 millones de pesos y en este año 870 millones de pesos. Durante los tres periodos ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ninguna de éstas ha sido resuelta por la Corte, mientras que el INE ha tenido que ajustar para sacar adelante sus proyectos previstos.
Este año sin embargo la Corte enfrentará un recorte de 3 mil millones de pesos a su propio gasto de 2022. “No es el INE el que obstaculiza el ejercicio de derechos de la ciudadanía”, dijo Córdova al referirse a que el proceso de revocación de mandato, para el que se proyectaron 3 mil 380 millones de pesos, podría verse afectado.
‘(Hay en el ajuste, un) reflejo de total incomprensión de argumentos de los consejeros y de negativa de los diputados a analizar la información”, abundó.
El funcionario señaló que este recorte “paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos 2022 (Morena)’.
“El Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales y promoverá las acciones jurídicas a que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y las leyes”, advirtió el consejero presidente del INE.
Córdova insistió en que los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de ampliar derechos”. “El INE no pretende bloquear los ejercicios de democracia participativa, no es el INE el que obstaculiza el ejercicio de derechos de la ciudadanía.
La negativa de recursos para llevar a cabo este ejercicio previene –y esto tiene que quedar claro- de la Cámara de Diputados”, recalcó.
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