Martín Aguilar
Un juez de Canadá rechazó este jueves otorgar libertad bajo fianza para el general mexicano Eduardo León Trauwitz, acusado por el gobierno de México de posibles vínculos con grupos dedicados al robo de combustible. De acuerdo con el medio canadiense
The Breaker News, en la audiencia de este jueves, el juez determinó que León Trauwitz deberá permanecer en una cárcel de Columbia Británica en espera de su próxima comparecencia, que se programó para el 26 de enero de 2022.
Es posible que en esa fecha se resuelva la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano, que busca imputar a León Trauwitz por su posible participación en el robo de combustible desde instalaciones de Pemex.
El general retirado buscaba pagar una fianza de 20,000 dólares canadienses para enfrentar en ese país su proceso por los delitos de los que se le acusa en México. Incluso, afirmó que no saldría de Canadá y que se quedaría a vivir con su hija.
Sin embargo, el fiscal del caso, Ryan Dawodharry, se opuso al otorgamiento de este beneficio, argumentando que León Trauwitz estaría en posibilidades económicas y personales de escapar del país.
El periodista Bob Mackin, de The Breaker News , dio a conocer que la hija del general está estudiando Negocios en la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, y que es activa en un grupo social y de comercio afiliado al consulado mexicano.
Según el reportero, en la audiencia de este 22 de diciembre, el fiscal comentó que León Trauwitz salió de México en mayo de 2019, acusando que ahí no tendría un juicio justo.
León Teauwitz fue detenido el 17 de diciembre por autoridades de Canadá. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el general protegió y encubrió el robo de combustible desde Pemex durante la administración pasada.
El general fue subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex en el sexenio anterior y jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en su mandato como gobernador del Estado de México.
León Trauwitz y una veintena de funcionarios fueron denunciados desde el 27 de marzo de 2017 por el abogado queretano Jorge García Adriano, en representación de tres militares que afirman ser testigos de los ilícitos, pues estaban adscritos a la subdirección a cargo del general.
Sin embargo, los acusados fueron llamados a declarar hasta el 16 de enero de 2019, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en medio de la estrategia contra el huachicol.
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