Otra vez se discute en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De acuerdo con la propuesta y el proyecto de Dictamen de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, el objetivo principal es “optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de organización y funcionamiento del órgano electoral”.
De esta forma, la iniciativa presentada en febrero por el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del partido Morena, plantea, principalmente, ajustes a las áreas técnicas del instituto relacionadas con género; fiscalización; vinculación con organismos exteriores; órganos desconcentrados, así como la formación y desarrollo de los funcionarios del servicio profesional electoral nacional.
Por otra parte, propone eliminar la facultad del Consejo General del IECM para crear unidades técnicas.
Frente a esta tala selectiva de áreas que cumplen con atribuciones del IECM es pertinente abordar algunos puntos de la propuesta que implicaría efectos negativos e indeseados o que no se logre el objetivo planteado.
En primer lugar, a la par de que se están eliminando unidades técnicas, también se eliminan las comisiones integradas por personas consejeras y que tienen como fin último la supervisión de actividades.
Estas comisiones por sí mismas no implican costos adicionales, y sí permiten ordenar y dar seguimiento a las atribuciones que se deben cumplir, por lo que no hay justificación para su eliminación.
En segundo término, la iniciativa no analiza si las áreas que asumirán las atribuciones de las que se eliminan cuentan con personal del perfil y las capacidades técnicas especializadas para seguir cumpliendo con estas nuevas responsabilidades con el mismo estándar de calidad.
Esto podría implicar magros ahorros, ya que su eliminación puede implicar únicamente trasladar personal entre áreas. A manera de ejemplo, me referiré a la eliminación de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.
La creación de esta unidad responde a la necesidad de visibilizar y reconocer las luchas por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos humanos emprendido por feministas, la comunidad LGBTTTQ+, colectivos de personas con discapacidad, personas migrantes, habitantes de pueblos originarios, etcétera.
Por ende, la idea de subsumir las funciones de esta unidad a otra dirección ejecutiva dedicada a la formación cívica significaría invisibilizar el logro de una lucha institucional que refleja una realidad social más amplia, que demanda atender con seriedad la desigualdad y la discriminación, como asuntos estructurales que deben ser permanentemente vigilados y no solamente tratados como elementos accesorios de la cultura cívica.
En suma, la eliminación de esta unidad sería un penoso retroceso ante el mandato constitucional al que estamos sujetas todas las autoridades para adoptar las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.
En ese sentido y en aras de responder ante las inquietudes del Congreso y la ciudadanía, el IECM se había propuesto, antes de la presentación de esta reforma, la necesidad de realizar una reestructura funcional de las áreas que integran esta institución antes de concluir el año.
Esta reestructura tendría dos objetivos primordiales, por un lado, contar con una visión integral del cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones en favor de la ciudadanía y, segundo, que las mismas se realicen a partir de la optimización de las funciones electorales que realiza este instituto y, con ello, reducir sus costos de organización.
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