Ante confesión de parte, relevo de pruebas, dice un adagio legal para endosar a alguien la responsabilidad de la comisión de un delito, y eso es precisamente lo que hicieron diputados de Morena al pedir licencia para dedicarse a promover la consulta sobre la revocación de mandato.
Ayer lo hicieron oficial en el pleno Carlos Hernández Mirón, su ex esposa Xóchitl Espinosa Bravo y Valentina Batres. Los dos primeros dejaron a sus suplentes, pero la tercera no pudo, porque Guadalupe Robles, quien ocuparía su silla, no se presentó al pleno.
Los morenos dejaron claro que se iban temporalmente, a fin de dedicarse en cuerpo y alma a promover la participación de los ciudadanos en la consulta del próximo 10 de abril, y con ello no incurrir en algún ilícito.
Pero da la casualidad que el INE lanzó un exhorto a que ningún partido, político o gobernante violara la veda electoral decretada, pero el cinismo moreno es tan grande que gritan a los cuatro vientos que violarán la ley, ¿y qué?
Además de violar flagrantemente la ley electoral —que, por cierto, ellos impulsaron—, hay otro detallito que los solicitantes de licencia no consideraron, que es el artículo 11 del Reglamento del Congreso, que marca claramente las causas por las que se puede pedir licencia.
Básicamente son por enfermedad, por un empleo en el gobierno de la CDMX, por postularse a otro cargo de elección popular, para comparecer por algún proceso judicial, o para ocupar un cargo en su propio partido.
Ninguno de ellos cumple con ninguno de esos supuestos, pero para que —según ellos— no se les pueda acusar de abandonar el trabajo para hacer campaña, los diputados morenos pidieron licencia temporal y dejaron encargado el changarro a sus suplentes.
Presionados por Claudia Sheinbaum, que en la consulta se juega su futuro político, tienen que conseguir 3.5 millones de votos en la CDMX el próximo 10 de abril, y es obvio que los números no les darán ni de chiste.
Pero lo más importante no es la licencia solicitada, pues no se pierde nada si no están en sus curules, a donde sólo asisten a levantar el dedo para aprobar lo que se les ordena. Eso lo harán perfectamente sus sustitutos.
Lo verdaderamente grave es que acepten que se irán a hacer campaña para la consulta, cuando la ley prohíbe cualquier tipo de campaña o difusión de obras de gobierno antes de las votaciones. O sea, se declaran delincuentes… pero con fuero.
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