En los años 80 y 90 el cartel de Medellín, que lideraba Pablo Escobar Gaviria, utilizó motocicletas para que los sicarios y el ejército de informantes que estaban a su servicio pudieran escabullirse de la acción de la justicia en Colombia. Hoy este medio de transporte se ha convertido en el vehículo favorito de los principales gatilleros al servicio de los cárteles del narcotráfico en nuestro país
Las ejecuciones por motosicarios se han vuelto cada vez más comunes en la Ciudad de México. Los crímenes dolosos por esta modalidad se han multiplicado. Cifras oficiales revelan que a bordo de motocicletas en la metrópoli se cometen alrededor de cinco delitos diarios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha constatado que de octubre a diciembre de 2021 se registraron siete ejecuciones de este tipo en la capital del país, las cuales podrían estar vinculadas a la disputa de plazas por parte de los grupos delincuenciales.
Los medios de comunicación han dado cuenta de cómo se ha incrementado el número de ejecuciones y la incidencia delictiva en la capital. Sin ir más lejos, el pasado diciembre —en eventos distintos, y a plena luz del día—, fueron ejecutados dos hombres, por sujetos que viajaban en motocicletas. La primera víctima circulaba en un bajo puente de Avenida Oceanía y Circuito Interior y la segunda, en la avenida San Antonio Abad.
Otro caso: en octubre pasado, un empresario restaurantero fue atacado por dos sujetos a bordo de dos motocicletas cuando su vehículo circulaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El escolta del empresario, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, repelió la agresión y disparó contra uno de los agresores, de 17 años.
Se ha comprobado que en los delitos de mayor incidencia como homicidios, robo de automóviles, asalto a transeúntes y robo a negocios y cuentahabientes, siempre está de por medio el uso de motocicletas, consideradas como un medio de transporte ligero, práctico y veloz, que facilita el escape.
Legisladores y organizaciones civiles han manifestado su preocupación por el incremento de ejecuciones y delitos cometidos a bordo de motocicletas. A nivel federal y local se han presentado iniciativas para regular su uso, pero ante la falta de acuerdos, las propuestas de los legisladores se mantienen en la congeladora.
La más reciente iniciativa fue presentada en diciembre de 2021 en el Congreso local por el diputado panista, Héctor Barrera Marmolejo, quien propuso hasta 70 años de prisión para aquellos que utilicen ese medio de transporte para cometer ilícitos.
En 2019, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada presentó una iniciativa que buscaba reformar y adicionar la Ley de Movilidad para regular el uso de motocicletas y exigir que los conductores y acompañantes portaran en sus cascos la matrícula de identificación de sus unidades.
Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por los grupos de motociclistas, ni por las organizaciones de la sociedad civil, por considerar que no se iba al fondo del problema y sólo se buscaba criminalizar a las personas que utilizaban esos vehículos.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha reiterado en varias ocasiones que no basta con tratar de sancionar a quienes exceden el número de asientos en una moto; es necesario que las autoridades vayan al fondo del problema, fortalezcan los sistemas de prevención del delito, abatan los índices de impunidad y posibiliten que funcione el sistema penal.
La agrupación no está de acuerdo en que se discrimine a quienes usen estos vehículos de manera compartida, porque esa es una medida severa e inflexible, que no tendrá resultados definitivos y los delincuentes en poco tiempo encontrarían la formas para seguir violentando la ley.
Y al parecer, los motociclistas no se oponen a la regulación, pero exigen que se establezcan medidas para evitar violaciones de derechos humanos contra todos los que viajan en pareja en dichos vehículos. Argumentan que con el pretexto de abatir la inseguridad, se pueden cometer muchas arbitrariedades contra las personas que utilizan las motocicletas como su medio de transporte.
No se trata de estigmatizar a sus propietarios o de calificar a este transporte como de alto riesgo, bajo la premisa de la prevención del delito. El costo de operación de una motocicleta es muy bajo, cumple con su objetivo de movilizar personas y además es una solución económica a los problemas de transporte.
Considero que la solución a este problema, que ha escalado a nivel nacional, no está en limitar y restringir el uso de las motocicletas. Desde mi punto de vista, el procedimiento más sensato es aplicar estrictamente la ley contra quienes delinquen, respetar las normas de tránsito y finalmente legislar con altura de miras, cuidando siempre el respeto de los derechos humanos de los conductores, así como insertar estas modificaciones en las políticas integrales de seguridad pública y prevención del delito.
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