Rebeca Marín
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tenía mala reputación, “ganada a pulso… era un espacio no de justicia, sino de corrupción, en donde la gente tenía que llegar a pagar para una audiencia, para un servicio de asistencia jurídica, para que les dieran una audiencia, inclusive, tenían los expedientes escondidos hasta en los plafones del edificio, narró el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León
Argumentó que al titular de la STyFE se le designó como responsable estatal para la implementación de la Reforma Laboral, que a la CDMX le correspondió la tercera etapa, platicó el funcionario capitalino.
Para ello, se realizó un proceso de construcción legislativa, con dos iniciativas de Ley, que permitieron que el Congreso Local, modificara la ley orgánica del Poder Judicial de la CDMX y se incorporará la existencia de los juzgados o de los Tribunales Laborales.
Se generó una Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México (CCLCM) con el fin de tener dos figuras jurídicas que marca la reforma.
La primera de ellas, la conciliación obligatoria que se realiza a través de un centro de conciliación, donde la capital es la única entidad del país que tiene a todos sus conciliadores certificados, en los estándares de competencia individual y colectiva a nivel nacional.
El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México abrió sus puertas el 3 de octubre del 2022, y cerró sus puertas la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con un rezago de más de 155 mil expedientes.
Recordó que la JLCA dejó de recibir expedientes, ahora todo conflicto laboral se dirime en el CCLCM mediante la conciliación obligatoria, en un lapso no mayor a 45 días. “De no conseguirse se emite una constancia de no conciliación y se puede avanzar ante la instancia judicial, para poder dirimir esa controversia en otra instancia”.
Rodríguez Díaz de León aseveró que la JLCA operaba a través de 20 juntas especiales, esas sumadas tenían más de 155 mil expedientes del rezago, expedientes abiertos desde 1980, más de 43 años, no habían sido resueltos, que no contaron con un laudo.
Por lo que destacó que “una justicia de esa naturaleza no necesariamente se puede llamar así, es una injusticia absoluta”.
De ahí que se decidió poner en marcha en abril del 2023, un plan de trabajo, donde se facultó a la STyFE de elaborar un plan de trabajo, para hacer una ingeniería institucional de la JLCA, para aprobar su estructura orgánica y establecer una ruta de trabajo de extinguir la propia junta.
Así realizar la remoción, en caso de ser necesario, de los titulares de las juntas y realizar la supresión de juntas especiales, está facultado en la reforma laboral
Se puso en marcha a partir del 2 de mayo, el proceso de la supresión de las Juntas Especiales. Y se hizo reingeniería, por lo que se generaron 10 juntas especiales que atienden esos expedientes, con el ánimo de abatir el rezago, también se realizó un ajuste en sus horarios.
Mientras que la JLCA en el 2019 presentó una propuesta que se podría resolver el rezago de expedientes, “nosotros planteamos que ese proceso concluya alrededor del 2028, es decir en un lapso de 5 años agotar todos los expedientes y cerrar la junta”. Es una fecha proyectada, aclaró.
Adelantó que en los próximos días se hará una propuesta formal, que integre la posibilidad de atención hasta el 2028, lo cual se hará, no sólo en coordinación con las personas de estructura, también con el personal de base.
De octubre a la fecha, el CCLCM ha atendido a más de 38 mil trabajadores, de esas, han logrado generar alrededor de 20 mil convenios, que significan un pago directo con cheque. Lo que ha implicado mil millones de pesos a favor de los trabajadores. En donde nadie ha tenido que pagar el 30 o 35% a abogados.
Además, hay 4 mil que no fueron ratificados por la parte trabajadora y el restante han sido declaratorias de no conciliación, y de ahí se van a los juzgados.
A decir del funcionario, no hay desventaja para los trabajadores, ya que los conciliadores primero brindan una asesoría jurídica al trabajador. Sobre esa base, se hace el citatorio para la demandada. El trabajador también tiene derecho a acudir con asistencia jurídica o un abogado.
El Centro atiende de manera gratuita, todos los días hay un operativo para tener la certeza que no se cobre ni una sola hoja, ni una sola asesoría, por parte de la dependencia. Su horario es de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde.
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