Rebeca Marín
Trabajadores del sector salud expusieron que el desabasto de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del país es ya un problema de seguridad nacional, que tiene su origen en la entrega de contratos a una decena de empresas que están inhabilitadas por el propio gobierno y que no cuentan con la infraestructura para surtirlos, pero por medio de prácticas de corrupción son beneficiadas por funcionarios del IMSS y del ISSSTE.
Ante senadores de varios partidos, trabajadores de ambos Institutos denunciaron, entre ellos médicos y enfermeras que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que un ejemplo de esta acción se dio este martes 1 de agosto, cuando las direcciones generales de éstos adjudicaron de manera directa el contrato con la licitación número LA-50-GYR-050GYR988-T-7-2023 a la empresa Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, el cual ejercerá a partir de este mes de agosto de 2023 y hasta el 2025.
Con esta empresa, aseguraron, también resultaron favorecidas las siguientes ocho empresas: Disimed+Medicash+Centrum Promotora Internacional; Hemoser; Intermet; Laboratorios San Ángel; Biodist; Atlantis Operadora de Salud; Igsa y Elismart.
Dichas empresas en conjunto, afirman, ejercerán un presupuesto de 14 mil 475 millones 804 mil 690 pesos.
El problema, consideraron, es que el Gobierno Federal sigue adjudicando de manera directa los contratos, sin licitación, a citadas 10 empresas inhabilitadas por la SFP, sólo para favorecer a sus amigos empresarios, a fin de que cubran el abasto de medicamentos e insumos sin que garanticen ni cuenten con infraestructura para su distribución, para el periodo de 2023 al 2025.
Ante ello, solicitaron al Congreso de la Unión, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría de Superior de la Federación, realicen una investigación exhaustiva sobre esas adjudicaciones directas de contratos, con el fin de evitar el desvío y mal uso de recursos públicos del presupuesto federal.
También alertaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de la intención de ambas direcciones generales de privatizar los Servicios Médicos Integrales y no rendir cuentas del presupuesto de entre 35 mil y 38 mil millones de pesos, asignado para el abasto de medicamentos e insumos, así como de la compra de equipo quirúrgico para el presente año.
Señalaron que la intención de favorecer a estas empresas privadas con jugosas ganancias, se da con la complacencia del director general del IMSS, Zoé Robledo, a pesar de la instrucción presidencial por acabar con ese proceso simulado de privatización que tanto dañó al ISSSTE en las pasadas administraciones federales.
Señalan que en el caso de Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, es una de las 10 empresas que en agosto de 2023 fueron inhabilitadas siete años por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por incurrir en prácticas monopólicas, evasión de reglas de licitación y por vender sus productos a sobreprecio.
Las compañías sancionadas fueron: Estudios de Laboratorio para Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación epidemiológica, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-1-2023; Hemodiálisis interna, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-3-2023; Tamiz metabólico neonatal ampliado, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-14-2023; Digitalización PostProcesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, con número de licitación LA050GYR988- E23-2022.
Así como Cirugía Cardiovascular y Torácica, con número de licitación LA050GYR988- E17-2022; Estudios de Laboratorio clínico, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-7-2023; Banco de Sangre, con número de licitación LA- 50-GYR050GYR988- T-8-2023; Anestesia, con número de licitación LA-50 GYR050GYR988- T-9-2023; Procedimiento de Mínima Invasión, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-17-2023; y Hemodinámica y Radiología Intervencionista, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-16-2023.
De acuerdo con el portal del Seguro Social, recordaron, en el 2021 se compró equipo terapéutico para todas las operaciones hospitalarias y entregaron medicamentos a pacientes por la cantidad de 7 mil 565 millones de pesos.
Empero, dos años después las licitaciones directas de los Servicios Médicos Integrales representan una bolsa de 35 mil o 38 mil millones de pesos, demasiado atractiva para las empresas que siempre han saqueado el erario público y, sobre todo, para funcionarios corruptos del Seguro Social y de la 4T, manifestaron los trabajadores del IMSS.
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