Martín Aguilar
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, miente y se victimiza al señalar que se amedrentó a los consejeros electorales por pensar diferentes en el tema de revocación de mandato.
Afirmó que las acciones que se tomaron en su momento no fueron por «pensar diferente» como «cobardemente señala».
En un mensaje en su cuenta de Twitter, aseguró que fueron por «acciones ilegales, premeditadas y dolosas» que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este domingo, Lorenzo Córdova calificó como grave que el presidente de un poder haya presentado una denuncia contra los consejeros; afirmó que se trata de un acto que recuerda «las peores prácticas de los regímenes autoritarios» y que se criminaliza el derecho a disentir.
«Por eso es grave que el presidente de un Poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él.
«Perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir. Es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparto de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios», dijo en un video difundido en Twitter.
Córdova recordó que las denuncias penales contra servidores públicos se siguen de oficio, por lo que las hechas siguen su curso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
«Ojalá que pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos, claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos», comentó.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó, el 23 de diciembre, una denuncia ante la FGR contra consejeros electorales que votaron por suspender el ejercicio de revocación de mandato, ante falta de presupuesto.
Sin embargo, el 29 de diciembre anunció que desistió de la denuncia presentada; señaló que tras escuchar «con pluralidad, apertura y buena fe», decidió tomar todas las acciones jurídicas para que no continúen las indagatorias penales.
Un día después, el 30 de diciembre, el Consejo General del INE acordó acatar los fallos del Tribunal Electoral federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenó continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato y resolvió hace ajustes al presupuesto del INE para realizar el ejercicio.
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