La Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana recibe con optimismo la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura como un nuevo marco jurídico que reconoce al café no solo como un grano de consumo, sino como un cultivo estratégico nacional del cual dependen más de 500,000 familias.
Sin embargo, cuestiona que un marco normativo sin suficiencia presupuestal soberano es “demagogia agraria”.
Por Guillermo Pimentel Balderas
Con la entrada en vigor de la nueva Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura (LDSC) se abre un nuevo marco jurídico que reconoce al café no solo como un grano de consumo, sino como un cultivo estratégico nacional del cual dependen más de 500,000 familias.
El doctor en Economía Agrícola Cruz Alberto Uc Hernández, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana (FCARM) considera que el pasado miércoles 17 de junio de 2026 se marcó un hito legal, social y técnico para el campo mexicano con esta nueva Ley.
Sin embargo, deja en claro que, sin Presupuesto 2027 esta LDSC será letra muerta. “El mayor desafío que enfrenta este instrumento jurídico es de carácter financiero. Un marco normativo sin suficiencia presupuestal es demagogia agraria”, afirma.
En entrevista con este reportero, resalta que los Colegios Estatales de Agrónomos asumen un rol protagónico e institucional en varias vertientes y como expertos de la tierra, ”advertimos que la promulgación (de la Ley) es apenas el banderazo de salida. Quedan tareas críticas e inmediatas por resolver”, cuestiona.
Por ello, apunta: “desde esta Federación de Colegios de Agrónomos, hacemos un llamado enérgico y respetuoso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Cámara de Diputados para que el diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2027 guarde una vinculación estricta y proporcional con las obligaciones creadas por esta ley”.
Subraya que «la justicia social para las comunidades indígenas y campesinas que sostienen nuestra cafeticultura debe respaldarse con renglones presupuestales claros en 2027. Se requieren recursos etiquetados para la operación de la Comisión Nacional, fondos de financiamiento preferencial a través de la banca de desarrollo y subsidios dirigidos a la renovación de cafetales viejos o enfermos».
El ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola sostiene que la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana reitera su compromiso con el desarrollo rural sustentable. “Estamos listos para aportar el conocimiento técnico y el rigor científico que permitan transformar esta Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura en bienestar, soberanía alimentaria y prosperidad compartida para el campo de México. O sea: «incidir para transformar el campo».
Insiste en que desde la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, se recibe con optimismo este nuevo marco jurídico que reconoce al café no solo como un grano de consumo, sino como un cultivo estratégico nacional del cual dependen más de 500,000 familias.
“Estamos seguros de que representa una herramienta fundamental para transitar del asistencialismo inercial a un verdadero ordenamiento de mercado, permitiendo la creación del Consejo Nacional y de comités especializados de precios y producción para combatir la volatilidad internacional que históricamente ha castigado al eslabón más vulnerable de la cadena”.
El Maestro en Economía y Doctorado del Colegio de Postgraduados sostiene la importancia, como crucial, de la participación de los Colegios Estatales de Agrónomos por lo que dentro de un marco normativo, por más robusto que sea en el papel, requiere de músculo técnico en el territorio.” El éxito de esta Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura no se decidirá en los escritorios, sino en los cafetales de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Estado de México y las demás entidades productoras”, advierte.
Uc Hernández indica: “Nuestros Colegios Estatales de Agrónomos asumimos un rol protagónico e institucional en las siguientes vertientes: “En el Diseño de Paquetes Tecnológicos Especializados: La ley mandata el uso de tecnologías acordes a cada ecosistema. Nuestros colegiados locales son quienes poseen el diagnóstico preciso de los suelos, microclimas y variedades de cada región”.
En Sanidad e Inocuidad: “Colaboraremos estrechamente con las autoridades en la vigilancia epidemiológica y fitosanitaria, garantizando que el combate a plagas como la roya o la broca se realice bajo criterios de vanguardia científica y resiliencia climática”.
Y, en cuanto al Registro Nacional del Café: “Ponemos a disposición la capacidad técnica de nuestros profesionistas en los estados para dar certeza, transparencia y velocidad al padrón de productores, asegurando que los estímulos y la infraestructura de acopio lleguen a los pequeños productores que realmente lo necesitan”.
Al abordar el tema de las Tareas Pendientes en el Marco de la Ley, explica que como expertos de la tierra, advierten que la promulgación es apenas el banderazo de salida pues quedan tareas críticas e inmediatas por resolver como: “En primera instancia la Reglamentación Secundaria: Es urgente que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina con claridad las reglas de operación de los mecanismos de certificación y el funcionamiento de los comités de seguimiento de precios”.
Sobre los Centros de Acopio Regionales: “Se deben establecer lineamientos estrictos para la recepción del grano (fijando el límite del 3% en granos verdes) sin que esto se traduzca en una barrera burocrática para el productor de pequeña escala”.
En cuanto a la Vinculación Obligada, Uc Hernández, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) insiste en que: “sin Presupuesto 2027, la Ley Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura será letra muerta El mayor desafío que enfrenta este instrumento jurídico es de carácter financiero. Un marco normativo sin suficiencia presupuestal es demagogia agraria”.
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