Por Guillermo Pimentel Balderas
*16, 200 núcleos agrarios son población indígena
El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, inauguró los trabajos la 13.ª Conferencia del ciclo Rescate, Defensa y Revalorización de los Ejidos y Comunidades Agrarias en la cual destacó que que la nueva ley tendrá un impacto directo en el sector agrario, al recordar que alrededor de 16 mil 200 de los más de 32 mil 500 núcleos agrarios del país cuentan con población indígena, por lo que «no puede entenderse la propiedad social de la tierra sin la participación histórica y actual de los pueblos indígenas y afromexicanos».
Esta iniciativa, durante el encuentro, se subrayó como histórica y fue patentada por los ponentes: el mismo titular de la Procuraduría Agraria ( PA), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) y del Tribunal Superior Agrario (TSA), quienes coincidieron en la importancia de avanzar hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la libre determinación y la defensa de sus territorios y de la propiedad social
Las y los participantes coincidieron en que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos representa una oportunidad histórica para fortalecer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos de derecho y actores fundamentales de la transformación nacional.
En esta 13.ª Conferencia del ciclo Rescate, Defensa y Revalorización de los Ejidos y Comunidades Agrarias, fue ell titular del INPI, Adelfo Regino Montes, quien presentó los alcances de la iniciativa y el plan de consulta indígena al destacar que esta legislación busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos, la libre determinación, la autonomía, el territorio y la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en cumplimiento del mandato constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
El titular de la UCUVII, Diego Prieto Hernández, aportó una reflexión sobre la dimensión histórica, cultural y civilizadora de los pueblos indígenas y afromexicanos, enfatizando que el reconocimiento de sus derechos colectivos constituye una condición indispensable para construir una nación pluricultural, democrática y con justicia social.
Por su parte, el magistrado numerario del TSA, Guadalupe Espinoza Sauceda, destacó la trascendencia jurídica de la nueva legislación para el fortalecimiento de los derechos territoriales, culturales y agrarios de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como su relevancia para la consolidación de un nuevo paradigma de justicia agraria con enfoque intercultural y de derechos colectivos.
Queda claro que, con esta Nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fortalecerá la propiedad social y la libre determinación en ejidos y comunidades; asimismo, también tenderá una oportunidad histórica para fortalecer a los ejidos y comunidades agrarias como sujetos colectivos de derecho y actores fundamentales de la transformación nacional.
Suarez Carrera destacó que la conferencia, transmitida simultáneamente en las 32 entidades federativas y en las 116 residencias de la Procuraduría Agraria, contó también con la participación presencial de comuneras y comuneros de San Pedro Tlanixco, Estado de México, cuya figura simbolizó la fuerza histórica y vigente de los pueblos indígenas en la defensa de la propiedad social, el territorio y la vida comunitaria.
DICE MI ABUELITA: Para controlar a las multitudes, en mis tiempos había “pan y circo” … hoy… ¡solo circo…! Y, ¡todos felices!
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