Martín Aguilar
La Fiscalía Electoral de Nuevo León informó que se cuentan con pruebas de que «El Bronco» habría cometido delitos electorales; su caso pasará a juzgado federal.
El exgobernador del Estado es señalado de recibir presuntas aportaciones de dinero ilícitas cuando fue candidato a la presidencia de México, en las elecciones de 2018.
La noche de ayer, un juez vinculó a proceso a Jaime Rodríguez, «El Bronco«, y ordenó prisión preventiva en su contra.
La defensa del exgobernador solicitó la incompetencia del juez y pidió que el caso se lleve a cabo a nivel federal.
«Después de una audiencia de nueve horas, nosotros estamos en desacuerdo con la determinación que realizó el señor juez de imponer a Jaime Rodríguez Calderón la prisión preventiva justificada, bajo el supuesto de que Jaime tiene aparentemente seis domicilios distintos», detalló el abogado, Víctor Olea.
El defensor del exgobernador explicó que en base a un informe de la policía de investigación se habían detectado esos seis domicilios, por lo que Jaime Rodríguez tenía riesgo de fuga. Sin embargo, Olea negó que fuera verdadera la existencia de las propiedades.
«El juez señaló a petición de la Fiscalía, que por un informe de la policía de investigación de la fiscalía, correspondiente aquí en Nuevo León, se había detectado que tenía en su base de datos seis domicilios, y con base en esa decisión, un juez determinó que al tener 6 domicilios el exgobernador tenía un riesgo de fuga y de esconderse en cualquiera de ellos. La verdad es que no daban los supuestos para la prisión preventiva justificada», aseveró el litigante.
Asimismo, Olea calificó como una «buena noticia» de que el juez de control ordenara que el expediente de Rodríguez Calderón se turnara al fuero federal, lo que «dará objetividad al caso».
«Al final de la audiencia y después de un debate jurídico, el juez de control determinó declararse incompetente y ordena que el expediente se turnara al fuero Federal. Reconoció el señor juez que la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Nuevo León carecía de competencia para haber investigado y haber generado actos que derivaron en el libramiento de una orden de aprehensión y su posterior ejecución».
«Nosotros estimamos, que al nivel del Poder Judicial Federal se tendrá una garantía de objetividad ajena a presiones de carácter político», añadió el abogado.
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