Rebeca Marín
Entre 2020 y 2021, el Gobierno federal recortó 66 por ciento los recursos destinados a los estados para salud materna y perinatal, es decir, la atención a mujeres durante el embarazo, el parto y puerperio. Esto a pesar de que la pandemia de Covid-19 disparó la muerte materna de una razón de 32.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 52.1 en 2021.
Los programas de atención a las mujeres embarazadas y que recién dieron a luz no fueron los únicos afectados por la reducción de transferencias a las entidades federativas en materia de salud reproductiva y equidad de género.
En el último año, la Federación también restringió 53 por ciento el monto destinado a prevención y control del cáncer de mama y cervicouterino, 46 por ciento el utilizado para prevenir y atender la violencia familiar y de género y 31 por ciento el empleado para programas de igualdad de género en salud.
También redujo cuatro por ciento los recursos para salud sexual y reproductiva de adolescentes y tres por ciento los de planificación familiar y anticoncepción. Sólo crecieron ocho por ciento las transferencias para programas de aborto seguro, indica la información vertida en los convenios de ministración de subsidios destinados a acciones de salud pública que fueron firmados entre la Secretaría de Salud federal (SSa), representada por el subsecretario Hugo López-Gatell, y los gobiernos de los estados.
Los recursos presupuestarios considerados incluyen aquellos que se transfirieron a las entidades federativas vía subsidios del ramo 12 de salud, a través de aportaciones federales del ramo 33 y por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes era el Seguro Popular, indican los convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación.
El recorte más severo ocurrió en las transferencias para salud materna. En 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estados recibieron de las arcas federales mil 692 millones de pesos para programas destinados a reducir la morbilidad y mortalidad materna. Al año siguiente, los recursos se redujeron a mil 513 millones y en éste se desplomaron a 516 millones, apenas una tercera parte.
La reducción en el gasto público contrasta con el incremento de la muerte materna en México, en medio de la pandemia de Covid-19. De acuerdo cifras de la SSa, la razón de mortalidad materna saltó de 32.4 decesos por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 41.5 en 2020, cuando el coronavirus irrumpió en el país.
Para el año que corre, el segundo de la pandemia, la razón de mortalidad materna se ubica ya en 52.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos, lo que significa un retroceso para México en este rubro de 12 años.
No sólo eso. Cada vez se está más lejos de cumplir la meta gubernamental de llegar a una razón de 25 muertes por cada 100 mil nacidos vivos al finalizar el sexenio de López Obrador, objetivo planteado en su Tercer Informe de Gobierno.
La Covid-19 desplazó a la hemorragia obstétrica, el aborto y los trastornos hipertensivos como la principal causa de muerte en mujeres embarazadas. Al cierre de 2020 murieron 934 mujeres, 248 de ellas por la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 (26.5 por ciento). Y hasta la semana 33 de este año, de 645 muertes maternas registradas, 273 fueron por coronavirus (42.3 por ciento).
De acuerdo con el sitio web de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica” y el “reflejo de múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de atención obstétrica”.
“En México, la muerte materna es un problema de discriminación, pues afecta especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (10 a 14 años de edad)”, agrega la organización feminista que desde hace casi 30 años trabaja para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.
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