Martín Aguilar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo el pasado 25 de octubre.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, cuyos movimientos financieros presentaron elementos de riesgo que ameritan una revisión por parte de las autoridades competentes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones financieras identificadas.
La dependencia informó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas deriva de los análisis financieros realizados por la UIF en el ejercicio de sus atribuciones.
La dependencia aclaró que esta determinación tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa una declaración definitiva de responsabilidad. Las personas involucradas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación.
La denuncia presentada ante la FGR busca que el Ministerio Público investigue los hechos y determine si existen elementos para establecer posibles responsabilidades penales.
La decisión de la UIF coincide con el anuncio de Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, sobre el acuerdo de las diez consejerías para presentar una denuncia ante la Fiscalía por las posibles irregularidades cometidas durante la gestión de Taddei.
Cruz explicó que los equipos jurídicos del instituto trabajan en el documento para solicitar que se investigue a los funcionarios y exfuncionarios que pudieran haber participado en los hechos.
La denuncia no está dirigida exclusivamente contra la expresidenta del organismo. El planteamiento contempla a cualquier integrante de la estructura administrativa cuya actuación pudiera constituir un delito, desde la Secretaría Ejecutiva hasta las distintas direcciones del instituto.
Las investigaciones también están relacionadas con los cuestionamientos sobre la asignación de contratos electorales y los vínculos de Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como uno de los principales beneficiarios de las adjudicaciones del INE.
Entre las revelaciones difundidas figuran grabaciones de conversaciones en las que ambos presuntamente revisan cifras y hablan de un posible reparto de ganancias millonarias relacionadas con contratos del organismo.
Al caso se suman las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control del INE, instancias que deberán establecer si existen elementos para determinar responsabilidades administrativas.
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