Rebeca Marín
Mediante acuerdo interinstitucional, firmado por la Secretaría del Trabajo, se ordena devolver todos los bienes despojados a los trabajadores portuarios en 1991, así como la reposición de su fuente de trabajo en la zona portuaria de Veracruz.
Después de treinta años de injusticias laborales, amenazas de muerte, despojo de edificios, cuentas bancarias y suicidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió anular la requisa portuaria que en 1991 ordenó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.
Mediante un acuerdo fechado el pasado 21 de septiembre, firmado por Fernando H. Serrano Monrroy –director de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– se ordena devolver el patrimonio del que fueron despojados los trabajadores de los sindicatos de maniobristas, estibadores y checadores del puerto de Veracruz durante la ejecución de la requisa.
El documento está dirigido a Gilberto Tejada Delgado (secretario general del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima del Comercio de la Ciudad y Puerto de Veracruz), Saúl Muñoz Álvarez (presidente de la Unión de Estibadores y Jornaleros de Veracruz), Eduardo Aguirre Fernández (presidente de la Unión de Checadores o Tarjadores y Similares), así como a José Alejandro Pulido Cueto (apoderado legal del sindicato de maniobristas).
Después de un largo litigio, en el que se analizaron las pruebas presentadas por los obreros portuarios, el Gobierno de la República determinó que se acreditó fehacientemente que durante la implementación de la requisa, en 1991, se presentaron ilegalidades: despojos, pérdida del empleo, violación a las leyes portuarias y obreras que ocasionaron daños y perjuicios irreparables en contra del gremio portuario de Veracruz.
El abogado Pulido Cueto acreditó, con pruebas fehacientes –sentencias, alegatos y cientos de documentos judiciales– que las nuevas concesiones por 50 años más otorgada a la APIVER –con la que se les entregaron contrato a las cuatro empresas que operan en el puerto– son ilegales y deben anularse para retomar la concesión por 100 años que el sindicato de maniobristas dispone desde 1973, cuando el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez se las otorgó.
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