Martín Aguilar
Sin poder alzar la voz por temor a represalias o ser despedidos, personal de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez sufren de inestabilidad laboral, recortes a sus salarios, acoso y maltrato por parte de la rectora Raquel Sosa Elízaga, y para colmo, alrededor de 115 maestros y asistentes académicos de 70 a 80 sedes del país no recibieron el pago de la primera quincena de julio, sino un oficio de “terminación de convenio” por la prestación de servicios educativos, para que lo firmen y así depositar lo correspondiente a su última remuneración.
El documento con fecha del 19 de julio de este año, enviado 5 días después a los docentes, condiciona el depósito de la primera quincena de julio, ya trabajado, a la firma del convenio, con el cual, según abogados consultados, se pierden los derechos del trabajador para demandar o reclamar una justa liquidación.
“Me dirijo a usted para extenderle nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo prestado hasta el día 15 de julio de 2021, su participación ha sido muy valiosa para el desarrollo de la sede, pero por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios educativos con usted, esperamos que en un futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional”, se lee en el oficio firmado por Héctor Leonardo Martínez Torres, director académico.
Lo grave del caso, es que con este ajuste que se realiza desde Rectoría, hay sedes que están quedando prácticamente sin maestros, con tan sólo el coordinador y un docente para 150 o más alumnos durante los cursos propedéuticos. Esto desestabiliza el programa de universidades de Bienestar y afecta la calidad de la educación, impactando negativamente a estudiantes y comunidades donde operan.
Entre las sedes afectadas con el despido masivo de docentes se encuentran: Etchojoa, Sonora, con 1 docente y 1 asistente académico menos; Cuencamé, Durango, con el despido de 1 asistente académico; Villa de Allende, Estado de México, con 1 docente; Francisco I. Madero, Hidalgo, con 2 docentes; San Quintín, Baja California Sur, con 1 docente; Chenalhó, Chiapas, con 1 docente, y Cosalá, Sinaloa, con 1 docente y 1 asistente académico.
También trascendió que hay sedes con despidos en Mazapil y Pánfilo Natera, en Zacatecas; Aporo, Michoacán, y otras en Oaxaca y Coahuila.
“Nos dejaron de pagar la quincena del 1 al 15 de julio, ahora nos condicionan nuestra quincena a cambio de que firmemos un convenio en el que perdemos derechos para proceder legalmente; claro que no lo dicen directamente así, pero es eso. Yo creo que muchos maestros van a firmar, lo grave es que les crean la ilusión de que los van a contratar en un futuro, pero es mentira, porque a lo largo de este tiempo nos han mentido mucho”, expresó uno de los docentes afectados, con más de dos años de servicio.
De manera extraoficial, se informó a los trabajadores que habrá más recortes el próximo 15 de agosto, por lo que se respira un ambiente de inseguridad y zozobra entre los que se quedan.
La Universidad para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) es una institución pública de educación superior creada el 30 de julio de 2019, por decreto presidencial, es uno de los proyectos de justicia social del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para llevar la educación superior a comunidades marginadas donde no había otra opción.
Inició actividades en agosto de 2019, actualmente cuenta con 145 sedes en todos los estados del país, con más de 28 mil estudiantes, mil docentes y más de 36 carreras universitarias de ingeniería registradas, según cifras oficiales.
Se trata de una institución con fin comunitario y arraigado en la identidad de los pueblos que sobreviven en condiciones de exclusión, donde se estudia y aprecia el patrimonio histórico cultural y natural y se aprende y practica al menos una lengua originaria de la comunidad en que radica.
A pesar del aspecto humano y social de estas universidades, que buscan ser modelo de equidad educativa, al interior de la institución se vive un ambiente de inestabilidad laboral, no sólo por la carga laboral excesiva que tienen los trabajadores, sino por el trato que ellos califican como indigno y déspota de parte de la rectora Raquel Sosa, quien siempre los está amenazando con correrlos si no hacen lo que ella dice.
“Nosotros no tenemos ningún contrato laboral, siempre hemos trabajado con unos convenios que los tenemos que firmar a fuerza, si no los firmamos no nos pagan y esos convenios tienen varias cláusulas, hay una en especial que dice que nosotros no tenemos ningún derecho a prestaciones y que nosotros tenemos que llevar nuestros propios materiales, que ellos no nos apoyan con nada, salvo con lo que nos pagan”, comentó una de las maestras.
Constantemente, Raquel Sosa los amenaza con correrlos, con el argumento de que los convenios sólo duran de enero a junio y de julio a diciembre.
A lo largo de este tiempo, cualquier persona que se ha inconformado o que ha tratado de protestar, ella los ha corrido sistemáticamente, como sucedió con los maestros fundadores del proyecto, quienes trabajaron 6 meses sin recibir sueldo y cuando juntaron firmas para exigir el pago, muchos fueron despedidos injustificadamente.
“Todo mundo le tiene miedo, tanto miedo genera que la gente está paralizada, los maestros no hacen nada, ha habido una serie de hechos sistemáticos donde nos están maltratando, tienen un modo de siempre estarnos pidiendo información hasta altas horas de la noche, que si no los mandamos no nos pagan, constantemente nos están condicionando nuestra quincena, que si no hacemos esto, que si no mandamos tal reporte, no nos pagan, cosa que no es correcta, porque no pueden condicionar nuestra quincena”, señaló.
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